Diputados y Senadores Nacionales conformaron el Interbloque del FAP

Senadores y diputados nacionales presentaron hoy, en conferencia de prensa el Interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) conformado por Socialistas, GEN, el Frente Cívico cordobés, Libres del Sur, Buenos Aires para todos, Unidad Popular que reúne a 21 diputados y a tres senadores. “Somos legisladores que venimos trabajando juntos desde la oposiciòn en temas que le interesan al paìs y a nuestro pueblo”, afirmó Rubén Giustiniani.

“Y seguiremos trabajando como lo venimos haciendo en la Cámara alta con una agenda de temas pendientes relacionados con cuestiones sociales como la sanción del 82% móvil para los jubilados; en una mejora de la calidad institucional como la normalización del INDEC; por la recuperación del federalismo, reclamando el cumplimiento del piso del 34% de coparticipación que les corresponde a las provincias; y en materia de educación por la sanción de La Ley de Educación Superior”, aseguró el Senador y presidente de nuestro Partido Socialista Rubén Giustiniani.

La presentación se realizó en el Salón Arturo Illia, en el Senado de la Nación.

Interbloque FAP

Senado:

Partido Socialista: Rubén Giustiniani

Frente Cívico: Luis Juez, Norma Morandini.

Diputados:

Partido Socialista: Lisandro Viale, Miguel Barrios, Mónica Fein; Roy Cortina, Ricardo Cuccovilo, Alicia Ciciliani.

Frente Cívico de Córdoba: Federico Alonso, Félix Martínez, Susana del Valle Mazzarella.

GEN: Margarita Stolbizer, Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Fabián Peralta, Gerardo Milman

Libres del Sur: Victoria Donda

SI Unidad Popular: Eduardo Macalusse, Verónica Benas, Nora Graciela Iturraspe

Buenos Aires para todos: Claudio Lozano, Liliana Parada

UCR: Sandra Rioboo.

Regulación para la protección del medio ambiente

Carlos Nivio, Diputado Provincial y Secretario General del Socialismo bonaerense, presentó en la Legislatura un proyecto que regula la protección del medio ambiente en la Provincia, tendiendo a complementar el compendio legislativo actualmente vigente -creando las bases que posibiliten a mediano plazo contar con un marco ambiental claro y preciso-, ya que ninguna de las leyes existentes determina expresamente qué tipos de acciones se prohíben ejecutar, respecto a cada parte componente de los diversos ecosistemas que integran nuestro territorio.

Se determina que todas las personas físicas o jurídicas cuyas acciones, omisiones o actividades -directa o indirectamente- degraden o sean susceptibles de degradar el suelo, las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna, ya sea en forma incipiente o de manera irreversible, deteriorando la calidad de vida de la población, deberán estar obligados a implementar medidas para subsanar y/o evitar tal deterioro.

Esta pauta, fundamental a nivel general, deberá ser establecida paralela y puntualmente respecto a cada uno de los recursos naturales con que cuenta el territorio bonaerense. Las dependencias provinciales encargadas de la aplicación de estas normas, en coordinación con los demás organismos municipales, provinciales y nacionales competentes, deberán definir los plazos para la corrección y/o eliminación de procesos o actividades susceptibles de alterar la calidad del medio ambiente.

Se deberán, además, definir normas o criterios de calidad de recursos naturales, para asegurar la vigilancia y el control que eviten el mal manejo y la contaminación.

Se otorga suma importancia a la creación, protección, defensa y mantenimiento de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que, conteniendo recursos cuyo suelo, aguas, flora y fauna nativa o exótica, así como por su estructura geológica, elementos culturales o paisajes, merezcan ser sujetos a un régimen especial de gestión.

Se desarrolla el fomento y promoción de la enseñanza sistemática y parasitemática de esta problemática, la capacitación de profesionales y funcionarios, y la formación de una conciencia popular sobre la preservación, defensa y mejoramiento de los ecosistemas. Se jerarquiza la investigación ambiental y el desarrollo de tecnologías ambientalmente correctas, especialmente para reciclaje y tratamiento de desechos y efluentes, que permitan disminuir al mínimo o anular la contaminación.

Además hay que tener en cuenta que…

El Poder Ejecutivo, por intermedio de las dependencias y organismos responsables, debe asegurar la implementación de una política ambiental que permita el desarrollo de la Provincia, compatibilizándolo con la preservación de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad en armonía con la naturaleza.
Si bien todas las normas vigentes conforman una legislación ambiental amplia, eso no significa que se cubra integralmente toda esta importante y compleja problemática.

La falta de un Código Ambiental en nuestra Provincia, obliga a completar los vacíos legislativos a efectos de impedir la expoliación de los recusos naturales y el deterioro del medio, posibilitando paralelamente su restauración. Dicha obligación es la mueve a la presentación de este proyecto.

El medio ambiente constituye un patrimonio común de la sociedad y por lo tanto, debe ser de interés fundamental para nuestra Provincia su protección, motivo por el cual su atención integral debe ser de carácter obligatorio.

Sin ambiente no hay futuro. En su cuidado se manifiesta la real preocupación por la defensa de los intereses de los bonarenses.

La violencia de un sistema que excluye

Este jueves pasado vimos como en Jujuy nuevamente la protesta social fue reprimida. Y no es nada nuevo, sino cabe recordar los incidentes en el Parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires, el asesinato de Mariano Ferreyra y los ataques hacia la comunidad aborigen Quom de Formosa.

Las protestas en Ledesma (Jujuy), ubicada unos 106 kilometros de la ciudad capital, varias familias reclamaban desde hace unas semanas por el derecho a las tierras y viviendas en los terrenos de una empresa de azúcar llamada Blaquier. Esta “azucarera” es la productora número 1 en la Argentina en el tema con estrechas relaciones con el Gobierno Nacional, y la corporación más poderosa en todo Jujuy, a la cual no le tembló el pulso a la hora de montar un operativo para desalojar por medio de la fuerza a las 700 familias, generando así 4 muertos y decenas de heridos, entre los que se encontraban niñas y niños intoxicados producto de los gases lacrimógenos.

Este reclamo social no es otra cosa que una deuda más del Gobierno Nacional. En este caso, las familias alineadas detrás de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) no “pedían la luna”, sino que exigían que el Estado Nacional-Provincial, casualmente en esta vez del “mismo color”, se haga cargo de garantizar la vivienda para los sectores más postergados de nuestra sociedad. Esto último, es lo que dice el famoso “Articulo 14 Bis” de la Constitución Argentina, en donde le pone la obligación al Estado de garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los ciudadanos argentinos. Entonces, es evidente la deuda social que tiene el Gobierno Nacional con los ciudadanos. También, es más evidente que el INDEC miente en los diagnósticos, queriendo tapar el sol con la mano en muchas cuestiones, y en otras como está, no resolviendo los problemas a tiempo.

Por otro lado no podemos obviar nuestra historia, donde la protesta social en argentina tiene una historia larga. Desde los reclamos de “Semana de Mayo” exigiendo el primer gobierno patrio; las primeras huelgas obreras de principios de Siglo XX pidiendo condiciones dignas de trabajo; la Reforma Universitaria de 1918 donde los estudiantes pedían una educación moderna que reemplace a una forma vieja que ya se había agotado; las marchas de madres y abuelas de plaza de mayo reclamando la aparición con vida de sus hijas, hijos y nietos; llegando a las protestas sociales de 2001, todas estas han dejado una huella en nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que entender que las protestas, marchas, siempre que sean pacíficas, son válidas y, a la vez, son un medio más que tiene el pueblo para expresarse. La democracia no es solo un método para elegir a nuestros representantes, sino que a la vez es un modo de vida, es una forma de llevar adelante una sociedad donde todas las opiniones estén contenidas, y por ende sean respetadas y toleradas, tanto por las minorías y mayorías.

Es por eso que hoy, en pleno Siglo XXI, rechazamos y repudiamos todo tipo de represión y ataque que sufran los ciudadanos en cualquier manifestación social. Es inconcebible que cuando lo que se impone en la actualidad es el diálogo, se responda con violencia, y mucho menos cuando lo que se está reclamando es un derecho constitucional como el derecho a la vivienda. Esto muestra a las claras el agotamiento de una manera de construir y concentrar poder, donde lo que reina es la intolerancia y la soberbia por parte del Gobierno Nacional. También nos deja cada vez más claro que este sistema de producción, de consumo, está agotado, generando más desigualdad entre ricos y pobres, más pobreza y exclusión, y menos condiciones dignas para vivir, dejando de lado los intereses populares.

Como dijo la presidente de los argentinos, no hace mucho en el acto del Día de la Bandera en Rosario, “no queremos más argentinos contra argentinos”, exigimos que cumpla con lo dicho haciendo que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y de las respuestas necesarias a los habitantes de la ciudad de Ledesma de la Provincia de Jujuy y, que por otro lado, diseñe las políticas públicas necesarias para que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de hechos, para así poder transitar en una Argentina con más justicia, más igualdad y más solidaridad para todos.

Reconstruir los ferrocarriles para reconstruir la provincia.

Carlos Nivio, Diputado Provincial y Secretario General del Socialismo Bonaerense presentó un proyecto de Ley para generar un camino hacia la recuperación del ferrocarril en la provincia, a través de la conformación de un Ente Administrador de los Ferrocarriles Bonaerenses.

El Ente administrará los ferrocarriles provinciales con participación activa de los sectores interesados, bajo la conducción del Estado provincial, con potestad para otorgar permisos de uso y no concesiones.

Se da impulso a la creación de una Asociación de Usuarios del Ferrocarril, con el objeto de que éstos tengan activa participación y fiscalicen los servicios. Se prevé la integración de una Comisión Bicameral de la legislatura para colaborar y supervisar el desempeño del Ente.

Nivio ya había presentado un pedido de informes para conocer el estado de la infraestructura de las vías, del material rodante, las estaciones, inversiones realizadas, estimación de costos de reparación y operación, entre otros puntos, dado que no existen datos y no se fiscaliza a las empresas concesionarias.

Planteamos que se solicite a la Nación la inmediata transferencia de todos los bienes ferroviarios que atraviesan el territorio bonaerense (con excepción de los servicios de pasajeros metropolitanos) y realizar una auditoría técnica contable que permita sanear en lo administrativo, técnico y político.

El estado de situación y las medidas que se aborden deberán ser públicas, ya que no será posible reconstruir este sistema de transporte al margen de la sociedad. La provincia real es aquella que guarda relación con la producción industrial y agropecuaria, la educación, la cultura y demás actividades humanas. Reconstruir los ferrocarriles es un paso fundamental para reconstruir la provincia y para su desarrollo estratégico.

La evidente falta de una política de recuperación y la también evidente política de destrucción desde 1990 a la fecha, motivó la presentación de este proyecto.


Otros datos para tener en cuenta

Un buen sistema ferroviario presenta ventajas comparativas respecto del transporte carretero. Por ejemplo, tiene un mayor rendimiento energético por su eficiencia en el consumo de combustible, produce menor contaminación y cuenta con mayor capacidad de transporte de grandes pesos (27,2 toneladas por eje, siendo en la red carretera de 14 toneladas por eje).

El costo de una vía férrea tiene una inversión inicial superior al de la carretera, pero su costo de operación es aproximadamente dos terceras partes más reducido, siendo en el movimiento de carga más eficiente en cuanto al uso de mano de obra y la inversión inicial en equipo tractivo para el servicio de carga y de arrastre es tres o cuatro veces menor en el ferrocarril que en la carretera.

Sin embargo los ferrocarriles han sido descuartizados. No son más un servicio público. Predomina el lucro, a través de transformar a estas empresas subsidiadas por el Estado, en empresas recaudadoras. No existe más el pasajero, ahora es un cliente. Las cargas son para los sectores que transportan sus propios productos a precio más bajo que el costo. El ferrocarril no cumple más una función social, no va a todas partes, ha dejado pueblos sin agua, sin comunicación y dejó en estado de quebranto las economías regionales por la desconexión territorial.

Por iniciativa de Nivio la Legislatura pide Canasta Básica de Alimentos sin IVA.

Por iniciativa del Diputado Provincial y Secretario General del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, Carlos Nivio y por unanimidad, la Legislatura Provincial pide al Congreso Nacional la exención del Impuesto al Valor Agregado a los productos de la Canasta Básica de Alimentos, mediante la incorporación de todos ellos en el listado del artículo 7º -Título II "Exenciones"- de la Ley 23.349, a efectos de facilitar su adquisición por parte de la población en general, y de las familias en situación de pobreza e indigencia, en particular.

Dado el bajísimo promedio de los salarios (entre $ 1.800 y $ 2.500 en el mejor de los casos), su mayor parte es destinada a adquirir productos de primera necesidad, afectándose cerca de un 25% al pago del IVA, produciéndose así la licuación del salario y aumentando el porcentual bajo la línea de pobreza.

El desconocimiento oficial del problema inflacionario impacta negativamente en los sectores más vulnerables, porque la evolución del gasto social prevista por el gobierno se ubica muy por debajo de la inflación que se registrará realmente durante 2011. El Presupuesto nacional para este año mantiene su estructura impositiva regresiva, donde el IVA es un pilar en la recaudación.

Argentina tiene una desigualdad distributiva que genera inequidades sociales y concentración de la riqueza. En el caso del IVA, la presión tributaria decrece con el mayor ingreso, acentuando las desigualdades.

El incremento de la inflación está directamente vinculado al aumento en los niveles de pobreza. Según estimaciones de diversas instituciones probadas, la pobreza seguirá este año por encima del 30%.

Para los socialistas la erradicación de la pobreza es el reto más importante en la actualidad, la máxima prioridad y requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Un nuevo modelo de provincia debe cimentarse en la inclusión social.


Otros datos sobre la eliminación del IVA

El proyecto presentado por Nivio, que fuera aprobado por unanimidad, es coincidente con el combate a la pobreza planteado como uno de los ejes fundamentales del programa aportado al Frente Amplio Progresista, por el socialismo. Cabe recordar, que el Senador y Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani presentó una medida similar en el Senado de la Nación en el año 2010.

La eliminación del IVA de los alimentos es una cuestión impostergable y un hecho de justicia, planteándose además la reforma impositiva, camino a la igualdad.

Sin los alimentos adecuados, las personas no pueden llevar una vida saludable y activa. No pueden tener empleo, no pueden cuidar de sus hijos y éstos no pueden aprender a leer y escribir. En definitiva, no pueden estar incluidos.

Actualmente Argentina es el segundo país con el IVA más alto de sudamérica.

Esperamos que la aprobación de este proyecto implique que quienes tienen en sus manos los destinos de los ciudadanos dirijan su atención al flagelo de la pobreza, ya que su negación no comprende una decisión de combatirla.

A un año de la sanción del Matrimonio Igualitario en la Argentina

Se cumple un año de la aprobación del Proyecto de Ley de Matrimonio para personas del mismo sexo. Lo que todas y todos llamamos Matrimonio Igualitario. Hace un año en el Senado de la Nación se le daba sanción positiva y unos días más tarde, el PEN promulgaría la Ley. Desde ahí, la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener Matrimonio para personas del mismo sexo. Y a partir de 2010 la Argentina se suma a los Países Bajos (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010) quienes ya tenían una Ley de esta índole.

El Matrimonio Igualitario tuvo un largo recorrido en Argentina. Fue presentado por primera vez en Argentina en el año 1992, por los entonces Diputados Nacionales Socialistas Alfredo Bravo y Héctor Polino. En 2005 fue presentado por segunda vez por el Diputado Nacional Socialista Eduardo Di Pollina (hoy Diputado Provincial y Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe), y por último por las Diputadas Nacionales Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Silvia Augsburger (Partido Socialista).

Hoy la deuda pendiente de la legislatura argentina a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, es la Ley de Identidad de Género. Este proyecto de Ley se viene presentando desde 2007 con la firma de distintos Bloques Políticos, pero impulsada principalmente por la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) y ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentinas) para que se garanticen a travestis, transexuales y transgéneros el derecho a la identidad y a la atención integral de la salud. De esta manera podrían así acceder a un DNI que refleje su nombre e identidad de género, y así terminar con la discriminación que les genera tener una orientación sexual distinta a la hora de ir a un hospital, estudiar, votar, conseguir y firmar contrato para un trabajo, etc. , o la misma discriminación que producen los medios de comunicación. También cabe recordar que muchas provincias, la policía maltrata físicamente a las personas trans llegando a llevarlas presas y, en muchos casos, matarlas a golpes, produciendo así sistemáticas violaciones a sus Derechos Humanos.

Por eso a un año de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, reafirmamos nuestro compromiso, y redoblamos nuestros esfuerzos para que haya más leyes relacionadas a la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos los Argentinos, porque "solo mediante la consecución de la igualdad seremos verdaderamente libres".

Queremos dejar el discurso del Senador Nacional y Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, en la Congreso de la Nación (hace casi exactamente un año) en el tratamiento del proyecto de Ley de Matrimonio para personas del mismo del mismo sexo.

Señor presidente: vengo como senador por la provincia de Santa Fe y presidente del Partido Socialista a adelantar mi voto positivo a este proyecto de ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me alegra que durante este debate se hayan hecho reiteradas menciones a mujeres y hombres de mi partido, quienes, a lo largo de la historia de la República Argentina, aportaron con ideas, proyectos y leyes a esa lucha por la igualdad y la libertad. Al respecto, se mencionaron a Alfredo Palacios, a Alicia Moreau de Justo y a Juan B. Justo.

También quiero recordar que este proyecto de ley venido en revisión que hoy estamos tratando se originó en iniciativas presentadas por el bloque socialista. Ya en 1993, fueron los entonces diputados Héctor Polino y Alfredo Bravo quienes presentaron proyectos de esta naturaleza. Asimismo, el diputado nacional Eduardo Di Pollina presentó en diciembre de 2005 un proyecto de ley de matrimonio para personas de igual sexo. Y hoy tenemos en tratamiento una iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados, que surge de un proyecto de ley presentado por las señoras diputadas Silvia Augsburger y Vilma Ibarra.

¿Por qué estamos tratando hoy este proyecto de ley? Se ha discutido mucho y se lo ha hecho acerca de los tiempos, es decir, si su tratamiento ha sido apurado o se hizo con los plazos necesarios. En ese sentido, me gustaría rescatar la lucha, la militancia y el trabajo de las organizaciones sociales. Creo que sin esa lucha de las organizaciones sociales, sin esa decisión, movilización y valentía que han tenido para instalar este tema en la República Argentina, no hubiera sido posible debatir esta norma.

Considero que es un día histórico. Mirándolo en perspectiva, se recordará este día del Congreso de la Nación como un hecho positivo donde el Parlamento decidió otorgar derechos a quienes hoy no los tienen, avanzar sobre la discriminación y establecer criterios de igualdad, tal cual reza nuestra Constitución Nacional. Y nadie se tiene que equivocar. No se trata de una norma que vaya a generar un rédito político inmediato para nadie. Si se la mira con perspectiva histórica, se advertirá que las grandes leyes en la República Argentina no tienen nombre y apellido. En efecto, se habló del matrimonio civil y nadie recuerda quién fue el autor o el iniciador de esa iniciativa; sólo se recuerda la época o las circunstancias. Se habla de la ley 1.420, una norma revolucionaria que aún deja su presencia en la educación popular en la República Argentina –la educación laica, gratuita y obligatoria–, pero no se la recuerda a través del nombre de su autor. Y lo mismo pasa con la ley de divorcio, que se recordó que se sancionó durante 1987 bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín.

Es decir, son leyes trascendentes que tuvieron muchas iniciativas y que dieron respuestas a un momento histórico determinado. No se trató de la genialidad de un autor en particular que, desde el laboratorio, sacó el proyecto de ley, sino de normas que dieron respuesta a una necesidad concreta. Por eso, son momentos que no se pueden pronosticar en cuanto al cuándo o el tiempo. Es un momento donde la sociedad decide ser mejor, quitarse de encima el cinismo y la hipocresía, y terminar con eso de que “de eso no se habla”. Es por eso que hoy se habla de que hay gays y lesbianas que ya viven juntos o que vivirán en parejas que gozarán de los mismos derechos que tenemos todos. Por eso, creo que esto es una construcción histórica.

Se ha hablado mucho de historia en esta sesión. Y no puede ser de otra manera. Porque a lo largo de la historia, quienes tuvieron una opción sexual diferente sufrieron humillaciones, violencia y discriminación. Entonces, esta es la historia de quienes han sido humillados durante décadas. Y esto se ha vinculado con la mujer, algo que no es casual, porque ella ha sido discriminada a lo largo de la historia. En el libro Ana Karenina, de León Tolstoi, se pinta con genialidad una cuestión que también ha sobrevolado toda la noche. Me refiero a la discriminación y a los prejuicios. Allí se habla de la realidad y de los prejuicios de la Rusia zarista. Aquí se habló de que se había abolido la esclavitud en la República Argentina a principios del Siglo XIX, pero no ocurría lo mismo en aquella Rusia zarista. La novela arranca con una frase tremenda que se entiende solamente al final del libro. Ella dice: “Las familias felices se parecen; las infelices lo son cada una a su manera”. ¿Qué significa esto? En esa historia, significó que a Ana Karenina le quitaran el hijo, porque tuvo la osadía de enamorarse y ser discriminada por eso, terminando suicidándose bajo las ruedas de un tren. El mensaje terrible de esta obra es que solamente se puede ser feliz si se anda con la mayoría o con las costumbres y las tradiciones de la mayoría. Pero si se sale de eso, lo único que puede deparar el destino es la infelicidad. De eso estamos hablando hoy.

¿Quién no celebra el genio de Oscar Wilde, como se mencionó también esta noche, en El retrato de Dorian Gray, que ha sido y sigue siendo una de las obras valoradas por miles de lectores? Sin embargo, Oscar Wilde estuvo preso en la Inglaterra victoriana, como tantos en el mundo durante otras épocas, por ser homosexual. Por ello, este debate no es sólo jurídico, político o constitucional sino que también es, fundamentalmente, un debate humano. En la Cámara de Diputados, hubo muchas y muy buenas fundamentaciones cuando se trató esta iniciativa. El diputado y compañero de mi partido Ricardo Cuccovillo expresó lo siguiente: “La verdad es que yo quiero avanzar en mi condición de padre de un hijo gay, un hijo que entiendo que debe tener igualdad de derechos que el resto de mis hijos. Tengo tres hijos, dos varones y una mujer; uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto de mis hijos”. Su alocución produjo una gran conmoción en el recinto y en todos los que lo escuchábamos. Porque, en cada una de estas historias de vida, surge la necesidad de que demos una respuesta concreta.

La realidad nos golpea en la cara cuando es en carne propia, y cuando nos miramos en el espejo, éste siempre devuelve la realidad. Por eso, considero que este debate tardó mucho tiempo en darse porque, en realidad, estas modificaciones en la ley, que reflejan cambios en la sociedad, llegan con mucha tardanza respecto de las grandes transformaciones científicas y tecnológicas. En este sentido, nosotros acabamos de aprobar una ley que otorga al padre cinco días de licencia por paternidad. A la vez, señalo que yo he sido autor del proyecto de ley por el cual, hace muy poco tiempo, modificamos el Código Civil para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años. Fuimos el último país del Mercosur en hacerlo y uno de los últimos del mundo en concretarlo.

Cada uno de los cambios sociales que se van transformando en leyes llega tarde en función de los prejuicios que se van dando en todas las sociedades y que ya fueron denunciados desde el inicio mismo de ellas, hace más de cuatro siglos. Shakespeare, en su obra La violación de Lucrecia, desnudaba la hipocresía de un ejercicio del poder que prefería ver muerta a una mujer antes que ver mancillado el honor de su marido. Y fue mucho más acá en el tiempo cuando una monja, y célebre escritora, gritó desde México al mundo: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Era Sor Juana Inés de la Cruz, que desnudaba la hipocresía de una época que antes había llevado a la hoguera demencial a tres mujeres en Salem, por considerarlas brujas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio de personas del mismo sexo? Tiene mucho que ver porque, en este debate, estamos venciendo el temor a que nos estigmaticen cuando estamos discutiendo estos temas, cuando estamos concretando en esta norma una superación de la realidad actual. Estamos superando ese temor a que nos señalen con el dedo en nombre de un pudor vergonzante.

Señor presidente: sin ningún tipo de dudas, el matrimonio es una construcción social e histórica, y nadie, en nombre de alguien, puede desde el punto de vista civil, autonominarse como dueño de este instituto. Federico Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, citando a un antropólogo americano, Lewis Morgan, desarrolla cómo, en las comunidades primitivas, sólo se sabía qué mujer era madre de sus hijos, porque al ser comunidades heterónomas, la mujer tenía una posición de relevancia y la ascendencia se daba entonces en línea materna y no paterna. Es decir que la familia patriarcal no fue la familia desde siempre, como aquí se ha dicho; fue con los griegos, primero, y, luego, con los romanos, cuando se consolidó la familia patriarcal. Y tal como se ha manifestado en este recinto, en nuestro país hasta fines del siglo XIX, la Iglesia tuvo el monopolio de la inscripción de los nacimientos, de las muertes y del matrimonio. En efecto, hasta la ley del Registro Civil, para las muertes y los nacimientos; y hasta la ley de matrimonio civil en 1887, modificatoria del Código de Vélez Sársfield, que había tomado como punto de referencia el Código Napoleónico y el Derecho Canónico.

Y, como muy bien dijo el senador Castillo, es verdad que esta historia tuvo un punto importante en Santa Fe. Los senadores Castillo y Fernández hablaron de un gran gobernador de mi provincia. No es casual que sea olvidado; que su historia haya que buscarla en libros inéditos; que se hable muy poco de Nicasio Oroño; y que cuando se lo haga, solamente se piense en un boulevard de la ciudad de Rosario. Nicasio Oroño fue, verdaderamente, un progresista, que fue derrocado, a raíz de haber instrumentado el matrimonio civil, por los sectores anacrónicos que se oponían al matrimonio civil. Le voy a dar un antecedente al senador Castillo, porque él siempre me da datos importantes del socialismo. Se ve que viene rumbo para acá. (Risas). Me dice que no, pero me parece que sí. (Risas) Este matrimonio civil instrumentado por Nicasio Oroño también tiene una historia de amor. Proviene de una historia de amor entre don Luis Tabernig, que era un joven tirolés católico, con Magdalena Moritz, que era una suiza protestante, hija de agricultores. Don Luis y Magdalena fueron al cura jesuita de Esperanza –una bella ciudad de mi provincia–, para que los casara, pero el cura jesuita les dijo que solamente los casaba si ella adjuraba de su religión y se transformaba al catolicismo. Le dijeron que no; entonces, invitaron a todos sus amigos y a sus padres a la plaza pueblo, plantaron un árbol en el medio de la plaza, al que llamaron “El árbol de la libertad”, y se casaron sin cura ante todos los presentes, asumiendo el compromiso de que sus hijos también iban a pertenecer a ese matrimonio legítimo. Ese hecho tuvo tanta repercusión que, después, Nicasio Oroño receptó esta historia de amor de Esperanza e instrumentó el matrimonio civil en 1867.

Por eso, Ulrich Beck dice que el inmovilismo de las instituciones está en contradicción con una sociedad cuya vida cambia. Hemos hablado toda la noche de esto. Hemos señalado que la historia va modificándose, que el mundo se transforma, que las sociedades cambian y que, por lo tanto, también lo deben hacer las instituciones. Entonces, hoy estamos tratando una modificación del matrimonio civil.

La cuestión religiosa del matrimonio está de acuerdo con las creencias de cada uno, de quien las tiene. Lo más importante esta noche es que no se intentó contraponer la cuestión de los valores con el tema de los derechos. Cuando los valores en términos abstractos se plantean en oposición a los derechos, ahí es donde nace el fundamentalismo. Valores son la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad. También son valores los que establecen los cinco libros de Moisés, como por ejemplo, no robar, no matar, no mentir. No entiendo por qué, a esta altura del siglo XXI, esta discusión tiene colisión con creencias religiosas. Quizá sí lo entiendo en debates que se daban en otras épocas, en otros tiempos, en otros momentos. Debería haber una evolución colectiva entre todos, para que en un tema como la modificación del Código Civil no se plantee en colisión con creencias religiosas, porque no tiene absolutamente ninguna colisión.

No tiene por qué molestar que se den derechos a quienes hoy son una realidad y no los tienen. Estamos modificando un Código Civil. También quiero hacer algunas consideraciones sobre un asunto que se ha planteado durante todo este debate en el seno de la sociedad, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Se hace referencia a la familia natural. Pero yo pregunto cuál es la familia natural. Se equivocan cuando plantean: papá, mamá e hijos. ¿A quién le están hablando? Hay muchas familias que tienen papá pero no tienen mamá. La mayoría de las familias tienen mamá e hijos pero no papá. Se hablaba de mayorías y de minorías. En este sentido, del censo de población de 2001 –por supuesto que el de este año va a dar cifras mucho más contundentes–, surge que las familias de papá, mamá e hijos son minoría en la República Argentina. En efecto, en 2001, los hogares nucleares completos, es decir, la pareja de padre y madre con hijos, eran 4.107.017, es decir, el 41 por ciento. O sea, el 59 por ciento de la población, en 2001, no tenía familia con mamá, papá e hijos. Hogar unipersonal, 1.512.788, es decir, el 15 por ciento. Hogar nuclear, parejas sin hijos, 1.232.173, es decir, el 12 por ciento. Y hogar nuclear incompleto, 1.027.461, o sea, 10 por ciento. Es decir que el 60 por ciento de la población no constituye una familia con papá, mamá e hijos.

Entonces, me parece que hay una equivocación conceptual cuando se plantean los temas. Creo que es importante aclararlo, porque es la realidad la que muchas veces contrasta con los planteos. En ese sentido, como también se ha dicho aquí, basta con ir a los barrios de los sectores populares para ver que la mayoría de las familias está constituida por una madre que tiene muchos hijos que cría, que educa; una madre que labura, que mantiene el hogar y donde no está el padre.

Jürgen Habermas dice que para que una sociedad sea democrática, todo lo que se precisa es la actualización consistente del sistema de derechos. Es lo que hoy estamos realizando, señor Presidente. Estamos dando un paso fundamental, que realza la tarea de este Congreso. Estamos otorgando derechos. Sinceramente, creo que, en este debate, las cuestiones del nombre –la palabra “matrimonio”– y de la adopción han sido usadas más como coartada a la oposición de avanzar con el tema del matrimonio. Y lo digo con todo respeto, porque no he escuchado fundamentos sólidos desde el punto de vista jurídico, salvo en lo que hace a la materialización de esto; reitero, no respecto del fondo de la cuestión.

El debate se ha planteado en la diferencia; y me parece que hay una confusión con la palabra “diferencia”. En efecto, nosotros vemos que, exactamente con los mismos argumentos –y se han manifestado también acá– que hoy se plantea la diferencia, para no darle a quienes son gays o lesbianas los mismos derechos de los heterosexuales para contraer matrimonio, porque son diferentes, no se le podría haber dado el voto a las mujeres. Se confunden igualdad y diferencia. Lo contrario de igualdad no es diferencia sino desigualdad. Por eso, el tema de la mujer ha surgido toda la noche, y por eso hablamos de esta cuestión. Hoy, nadie discute que la mujer sea igual al hombre, que tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. ¿Quién lo puede discutir? Evidentemente todavía no están concretados. Se ha avanzado mucho, y las mujeres siguen avanzando; y es muy bueno que así sea; es muy positivo, porque mejora nuestra sociedad. Pero, ¿quién discute que la mujer es diferente del hombre? No lo discute absolutamente nadie. Y la mujer quiere ser diferente, pero quiere ser igual en materia de derechos. Entonces, los términos “igual” y “diferente” no se pueden confundir conceptualmente. Son distintos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias.

Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de dar un paso importante, de sancionar un proyecto de ley que tendrá una gran repercusión para todo nuestro país. Y el tiempo es el tiempo que se ha dado. Se produjeron ocho casamientos por fallos judiciales y han tenido una tremenda repercusión pública. El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay un fallo inminente en el caso María Rachid-Claudia Castro, en el que se reclama su reconocimiento como matrimonio. Este es el tiempo y esta noche; si avanzamos con la sanción de este proyecto de ley, vamos a dar un paso muy importante no sólo en el derecho positivo argentino, no sólo en nuestro plexo jurídico, sino también hacia una mayor libertad, mayor igualdad, mayor justicia y mayor solidaridad en la República Argentina.

Juventudes: una realidad tapada

Los cambios de paradigmas que se han ido sucediendo fundamentalmente en el posicionamiento y reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos merecen reflexiones sobre cómo se entiende la relación de las y los jóvenes (o juventudes) y los Derechos Humanos.

El mundo adulto en general, pero los medios de comunicación en particular, han laborado, construido, estipulado una imagen sobre las y los jóvenes que merece ser analizada en profundidad en tanto ha generado una estigmatización creciente de las juventudes.

Hoy en día, es normal escuchar o leer noticias del estilo “adolescente mata”, “16 años y 20 causas”, “el consumo de alcohol se duplicó en los jóvenes” o estadísticas que marcan “la cantidad de adolescentes que se detienen por día”, donde el acento está puesto en primer lugar en el rango etario. Es más, no recordamos haber leído o escuchado algún tipo de título o noticia que diga “varón adulto mata a mano armada”, o en el caso de las estadísticas pocas veces se aclara que el consumo de alcohol se incrementó en la sociedad en general.

Y ponemos énfasis en esto porque es conocido que el lenguaje no es inocente ya que va construyendo realidades o poniendo la mirada sólo sobre determinada parte de la realidad. Como diría el sociólogo y educador, Manuel Velandia, “El lenguaje genera mundos, es un motor de la acción humana; no existe en nuestro cerebro que es el que crea la realidad, de ahí la importancia de nombrar, de reconocer en el lenguaje”.

Y sí mencionamos el mundo adulto, podemos ver como la sociedad se sensibiliza rápidamente ante un niño, como se despiertan rápidamente sonrisas o tristezas; pero ni bien a ese niño se le agrava la vos, le crecen las extremidades y deja de consultar cada una de sus acciones nace automáticamente un potencial sujeto peligroso, alguien que rara vez merece contención o diálogo, pero si sentencia y castigo.

Es así como van surgiendo primero de forma difusa y luego decididamente diferentes pensamientos del mundo adulto: “son vagos”, “no se interesan en nada”, “están todo el día sentados en la esquina consumiendo alcohol”, “a su edad yo ya tenía una familia”, etc. Pareciera que en estos tiempos donde los adultos persiguen fervientemente la eterna juventud, la visión de la realidad que tienen las juventudes y la forma de transitar su vida no son aceptadas ni toleradas por el mundo adulto.

Estos estereotipos y la discriminación que producen, limitan el desarrollo integral de las y los jóvenes y su acceso a la plena ciudadanía. Este contexto sitúa al estado, en todos sus niveles (comunal, municipal, provincial y nacional) ante el desafío de diseñar y ejecutar acciones que se dirijan tanto a la restitución como a la promoción de los derechos de las y los jóvenes. Comprendiendo a la Juventud como una etapa plena de la vida, la cual ya no puede ser definida como un tiempo de formación y preparación para la edad adulta, ya que contiene elementos sustantivos que ofrecen posibilidades de ser, de pensar y de actuar propios y que permiten importantes grados de experimentación, creatividad, movilidad y participación.

En este marco conceptual, se hace imprescindible promover la construcción de ciudadanía a través de la participación activa tanto en la expresión de sus necesidades, como en la toma de decisiones y en el reconocimiento de la capacidad que poseen para ejercer sus derechos. Los horizontes conceptuales que buscan incluir cada vez más a las y los jóvenes en el ejercicio pleno de ciudadanía necesariamente deben tomar en cuenta la relación de las juventudes con sus respectivos entornos culturales, económicos, tecnológicos, educativos, lo que lleva a repensar las prácticas cotidianas que se plantean en la relación con los jóvenes.

Instalar la idea de la construcción cotidiana de derechos tiene que ver con el planteo de permanente movimiento que implica analizar, conocer, informar, difundir, promover, defender, generar y revisar lo que se denominan Derechos Humanos desde una perspectiva de movilización y participación de la juventud. Reconocemos que este movimiento de construcción se debe dar en ámbitos cotidianos (familia, escuelas, barrios, etc.), en ámbitos públicos, analizando situaciones cercanas y las que aparentemente están más lejanas incluyéndolos en proyectos grupales desde donde asumir la participación ciudadana. Abordar los Derechos Humanos desde una perspectiva más cercana implica no sólo declararlos, sino también aportar a transformar y cambiar los aspectos donde los derechos de las y los jóvenes se ven vulnerados.

Entender a las juventudes, entonces, desde una perspectiva de derechos es tener una mirada amplia sobre la heterogeneidad actual. Desde allí la construcción de ciudadanía se apoya en el conjunto de prácticas que se definen en términos de participación activa, transformadora y que está acompañada de una visión de respeto por la legalidad y legitimidad en cuanto a la posesión de derechos y de las políticas que garanticen esta accesibilidad.