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El Senador Socialista Rubén Giustiniani critica la ley de Presupuesto 2012 y se opuso la ley Antiterrorista

En el Senado de la Nación, el Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, manifestó que la ley de Presupuesto 2012 “persiste en las mismas falencias”. Con respecto a la ley Antiterrorista señaló que “significa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”.

PRESUPUESTO 2012: “Persiste en las mismas falencias”

“Este proyecto de presupuesto persiste en las mismas falencias que los anteriores presupuestos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, se sigue postergando a las provincias en la distribución de los recursos y esconde una situación de profunda injusticia hacia la mayor parte de los jubilados y pensionados”, afirmó Rubén Giustiniani.

Desde el año 2003 se insiste en una sistemática violación al art. 7 de la ley de Coparticipación Federal, ya que el propio Poder Ejecutivo Nacional acepta en sus previsiones que la recaudación total para el año que viene ascenderá a $ 668.290 millones de los cuales sólo se remitirán a las provincias $ 163.977 millones, es decir un 24,53%, muy lejos de la garantía establecida, fijada en un 34%.

Esta decisión del gobierno se traduce, dijo Giustiniani, “en el deterioro fiscal perceptible en las provincias, que cuentan con menores herramientas para enfrentar sus cuentas públicas y sufren el ahogo provocado por la centralización de los recursos que en reiteradas oportunidades hemos resaltado y que se repite en el proyecto de Presupuesto 2012”. 

Para el senador socialista este presupuesto “insiste una vez más en ratificar la continuidad de una política presupuestaria que no da respuesta a los principales desafíos sociales y económicos que padecen todos los argentinos”.

En ese sentido, el legislador por Santa Fe destacó que “no contempla desde un punto de vista social la situación de los jubilados”. Mientras la ANSeS registra un cuantioso superávit, “el pago de jubilaciones y pensiones dista de ser equitativo”. El total de pasivos asciende a 5.390.000 personas del cual el 73% cobra el haber mínimo cuyo valor al día de la fecha es de $1.434 mensuales. Si sumamos quienes cobran menos de $2.000.- mensuales, tenemos que el 87% de los pasivos están por debajo de ese monto. “Insistiremos en el marco de un ANSeS superavitario hacer efectivo el 82% móvil” agregó.

“Se trata - dijo Giustiniani - de una política realizable con los propios recursos con que hoy cuenta la Administración Nacional de Seguridad Social, incluso sin necesidad de elevar tributos sino con una eficiente administración y reasignación de recursos”.

LEY ANTITERRORISTA: “Significa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”

En la misma sesión, Rubén Giustiniani se opuso al Proyecto de Ley que modifica el Código Penal de la Nación en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista ante el “riesgo de que se criminalice la protesta social” y habilite una “persecución penal contra personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”. “Es paradójico que en Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia” señaló el Presidente del Partido Socialista.

“Esta no es una afirmación temeraria - agregó Giustiniani - en Chile se ha utilizado recientemente la legislación antiterrorista promovida por el GAFI para criminalizar las protestas de la comunidad Mapuche”.

“Existe una postura unánime de firmeza contra el terrorismo y las actividades terroristas, pero esta ley significa un grave riesgo de criminalizar la protesta social y habilita una persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos” manifestó el legislador.

En la actualidad en nuestro país alrededor de 5 mil personas están detenidas por exigir sus derechos en el marco de distintas protestas.

El senador socialista advirtió que “bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra el delito, se ponen en peligro garantías constitucionales”.

El resultado de aprobar el proyecto oficial sostuvo Giustiniani “plantea una situación paradójica y el resultado es ampliamente conocido: ni respeto a los principios, ni eficacia en la reducción o control del crimen” finalizó.

A 10 años de la “crisis del 2001”

Una década paso, y todavía lo recordamos. La crisis del 2001 desembocó en una crisis social, económica y política sin precedentes. Resultaba que llegaba al fin la época neoliberal de los 90, en dónde De la Rúa intentó sostener un plan de convertibilidad que dejó en la ruina al país. La crisis estalló cuando por el entonces Ministro de Economía, Cavallo, anunció la medida conocida como “El Corralito” la cual no dejaba sacar a los pequeños y medianos ahorristas la plata que habían introducido en los bancos. Previamente a esto, se había dado una gran fuga de capitales y el anunció del FMI de no refinanciar la deuda y no conceder un rescate.

La Argentina del 2001 pareciera verse reflejada en la Grecia de ahora: protestas masivas y una sociedad que pone en crisis la confianza con los partidos políticos. Por otro lado, tenemos que recordar que en nuestro país hubo una represión feroz contra los que protestaban contra las medidas que tomaba el Estado argentino. En estos días, hace 10 años, morían 39 personas a lo largo y ancho del país. Los constantes saqueos a los supermercados fueron otro punto de inflexión, que en sumatoria concluyó con la renuncia del Presidente De la Rúa.

Una década después, vemos en el contexto internacional como los bancos golpean a Europa y vemos aplicadas las viejas recetas neoliberales en los países del primer mundo ¡Las mismas recetas que aplicaron en Argentina hace 10 años atrás! Grecia, España, Italia, son algunos ejemplos de los feroces recortes que la banca impulsa. Obviamente que esto va en contra de la clase trabajadora y de los sectores más postergados.

Diez años más tarde, podemos decir nuevamente que esto es un nuevo fracaso del neoliberalismo. Una vez más vemos agotar al Capitalismo como modelo económico y social. Creemos que hoy en día se abren las puertas para poder empezar a diseñar una sociedad más justa e igualitaria, en dónde el mercado no tenga más peso que los intereses de la clase trabajadora, en dónde la Democracia le gane definitivamente a la “Plutocracia”.

10 años sin el Pocho

"El trabajo nos hace ascender como personas, mientras que la falta de trabajo nos incita a la violencia, a la droga, a la delincuencia". Pocho Lepratti

Hace 10 años en el medio del estallido de la crisis económica, política y social en la Argentina, la policía reprimía y mataba a unos cuantos manifestantes en distintos puntos del país.

Lo “raro” de este caso es que precisamente el “Pocho” Lepratti no estaba en una protesta, sino que estaba en un comedor dándole de comer a los chicos. A la policía santafesina no le tembló el pulso y disparó ocasionando la muerte de aquel luchador social, como supo inmortalizar la canción “El Ángel de la Bicicleta” en su verso “bajen las armas/que aquí solo hay chicos comiendo”.

Como dicen los grafitis “Pocho Vive” se mantiene más vigente que nunca. Todavía es y, sin ninguna duda, va a seguir siendo un referente de la resistencia social contra las injusticias que sufrían los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Las bicicletas marcadas en las paredes de los barrios que vemos hablan por sí solas: hoy a 10 años más que nunca exigimos juicio y castigo, para que no haya Nunca Más impunidad en la Argentina.

Juicio de Residencia, para eliminar la impunidad o las sospechas

Fue presentada por el Diputado Provincial Socialista Carlos Nivio una Ley para instituir el Juicio de Residencia como mecanismo de rendición de cuentas, constituyendo un procedimiento al que deben someterse obligatoriamente el Gobernador/a y los Intendentes/as al término del desempeño de su cargo, para verificar el cumplimiento de sus responsabilidades político-administrativas durante el ejercicio de su mandato. Se incluye a sus reemplazantes legales cuando hayan ejercido el Poder Ejecutivo por más de un año.

Los funcionarios estarán sujetos por 6 meses al Juicio de Residencia, no pudiendo ausentarse de la provincia por más de veinte días durante ese período, salvo autorización expresa. De incumplir las normas se les efectuará un cargo preventivo automático proporcional al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad en los casos sujetos a investigación.

El Órgano de Aplicación será el Tribunal Social de Responsabilidad Política (de creación también propuesta por Nivio), cuyos integrantes serán elegidos por concurso de oposición y antecedentes, por un Jurado presidido por la Corte Suprema de Justicia, e integrado por miembros del Colegio de Abogados, del Colegio Prof. de Ciencias Económica y otros propuestos por ONG´s dedicadas a la defensa de la democracia (en todos los casos provinciales).

Los funcionarios residenciados gozarán de todas las garantías constitucionales y legales en defensa y resguardo de sus derechos. El juzgamiento previo, durante el ejercicio del cargo, no será impedimento para el Juicio de Residencia. Cuando el Tribunal se expida, con el voto de los dos tercios de sus miembros, no habrá apelación ni recurso alguno a la sentencia. La sanciones, en caso de responsabilidad acreditada, variarán de acuerdo a la gravedad de los hechos y consistirán en multas, devolución del dinero percibido ilegítimamente, inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas de cualquier naturaleza por el tiempo que fije la sentencia, o destitución (en caso de desempeño de otro cargo), y la sentencia se aplicará obligatoriamente sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil del funcionario público.

En nuestro actual sistema democrático, da la impresión de que todos los abusos, desmanes, corrupciones, nepotismos e irregularidades que puedan cometerse a lo largo de cada mandato, gozan de remisión absoluta tanto si se ganan como si se pierden las elecciones, quedando generalmente la mirada decepcionada de aquellos que fueron gobernados.

Rendir cuentas…

Los principios a cumplir por los funcionarios públicos se encuentran en la Constitución Nacional y demás legislación, y están basados en la honestidad, celeridad, eficiencia transparencia y responsabilidad por el ejercicio de la función pública.

Mucho se ha estudiado sobre los efectos de la corrupción en los gobiernos, considerándose que éste es uno de los tópicos que más dificulta el progreso económico y social de las comunidades.

La corrupción, en una sociedad donde se festeja el éxito individual y material y no se censura cómo se lo obtiene, es un proceso con vocación totalitaria que tiende a expandirse, generar acostumbramiento y, en consecuencia, termina institucionalizándose en los gobiernos. Máxime aún, en los lugares donde existe una mirada patrimonialista del poder en virtud de un ejercicio prolongado del mismo.

Las dudas de connivencias entre quienes ejercen los distintos poderes en un gobierno, relativiza el control entre dichos poderes del sistema republicano, uno de cuyos pilares es el juicio político. Los procedimientos previstos, que deberían activarse por alguna irregularidad funcional o delictual, no se aplican, dando lugar a que un gran sector de la población sospeche la existencia de impunidad en este tipo de casos.

Es en este sentido que debemos definir claramente los límites entre lo ético de la función pública y la inmoralidad.

El Gobierno Nacional no aborda con las herramientas apropiadas los problemas pendientes

Encabezada por Rubén Giustiniani y Hermes Binner, se reunió laComisión de Acción Política del Partido Socialista que elaboró un documento donde se insiste en la necesidad de convocar a “un diálogo nacional con todos los sectores políticos y sociales” ante los“problemas muy complejos” que afronta el país.

El encuentro se realizó este viernes en un hotel del barrio de Congreso en la ciudad de Buenos Aires donde dirigentes socialistas de todo el país destacaron el segundo lugar obtenido el pasado 23 de octubre, en las elecciones nacionales con el FAP y coincidieron en ratificar el rumbo del PS, un “actor clave” en la construcción de un proyecto progresista.

“El resultado electoral obtenido en las últimas elecciones demostró que es posible construir un espacio amplio que se proponga ofrecer una alternativa de gobierno creíble a la sociedad”, sostuvo Rubén Giustiniani Presidente del PS

“El Socialismo ha sido un actor clave en la construcción de este proyecto progresista integral, coherente y alternativo al gobierno actual”, afirmó el gobernador de Santa Fe Hermes Binner.

Los representantes socialistas de todo el país que participaron de la reunión concluyeron que“La Argentina afronta un momento muy particular”, reconociendo por un lado que existe una gran posibilidad de dar un salto en su desarrollo y advirtiendo sobre “problemas muy complejos”. “Existen temas urgentes e importantes que el gobierno nacional no aborda con las herramientas apropiadas: una deuda social pendiente y las posibles consecuencias para nuestro país de la grave crisis internacional. Hay que evitar que impacte nuevamente en los más vulnerables, la fuga de divisas y el flagelo de la inflación, que golpea con mayor fuerza a los sectores más débiles a la vez que genera falta de confianza en los inversores”.

“Ante estos graves problemas, seguiremos insistiendo en la necesidad imperiosa de la convocatoria a un diálogo nacional para analizar con todos los sectores políticos y sociales la Argentina que queremos, reclamando más federalismo para revitalizar la democracia”, finalizaron.

Participaron, también de la reunión de la Comisión de Acción Política dirigentes socialistas de las 23 provincias argentinas, el Secretario General del PS Carlos Roberto, el intendente de Rosario Miguel Lifchtiz, los diputados nacionales Mónica Fein, Roy Cortina, Alicia Ciciliani, Lisandro Viale, Miguel Barrios, Ricardo Cuccovillo, el diputado nacional electo Juan Carlos Zabalza, legisladores provinciales, concejales y Secretarios Generales de todo el país.

Tribunal Social de Responsabilidad Política para garantizar la ética en la función pública

Carlos Nivio, Diputado Bonaerense Socialista, presentó una Ley para crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política, conforme a lo establecido en el art. 3º de la Constitución provincial, que tendrá por objeto examinar, prevenir e investigar los actos de corrupción que pudieran cometer funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales, así como de organismos autárquicos y/o descentralizados y de empresas de propiedad o con participación del Estado provincial o municipal.

Estará integrado por 9 miembros titulares, 6 suplentes y los secretarios que su reglamentación determine, no pudiendo la composición del Tribunal tener una representación inferior al 30% de cada sexo. Dichos integrantes serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes, por un Jurado que será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, e integrado por miembros del Colegio de Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas provinciales, y también por otros propuestos por ONG´s -también provinciales- dedicadas a la defensa de la democracia.

La actuación de este Instituto será independiente y descentralizada, quedando alcanzados por esta Ley todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público y expresamente incluidos el personal jerárquico, y oficiales de la Policía Bonaerense.

El artículo 3º de la Constitución provincial establece: "También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales". La Provincia, en deuda con el mandato constitucional, no ha procedido a crear dicho cuerpo, lo que ha motivado la presentación de esta Ley por parte de Nivio.

Como quería Lisandro de la Torre, quien recordando a Alberdi afirmaba que "la vida pública, continuación de la vida privada, exige que ésta sea transparente si se aspira a tener autoridad ante sus conciudadanos".

“Manos limpias, uñas cortas”

El Estado debe actuar no sólo dentro del orden jurídico sino también en consideración a la equidad y la ética. Los funcionarios públicos y todos los sujetos que integran las órbitas de los tres poderes estatales, están sujetos a determinados deberes éticos y morales en el ejercicio de sus funciones que dimanan de todo estado democrático de derecho y que hasta exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente.

Desde la década del 90´a esta parte, no es extraño encontrar la figura del funcionario público vinculado a la falta de ética pública y a los actos de corrupción, sumándose la demora de la justicia en los procesos de tratamiento de estos casos.

En coincidencia con el art. 3º de la Constitución provincial, que refleja la importancia que para la provincia tiene el tema de la corrupción, el objetivo central al que propende la presente iniciativa es reglamentar un instrumento moralizador de la función pública, que ha de asegurar la vigencia del valor de la credibilidad por parte de los administrados en la conducta y actos de los funcionarios públicos, como elemento genuino para la defensa y resguardo de la democracia.

Como planteara Guillermo Estévez Boero, "es necesario resaltar la honestidad en el manejo de las finanzas y los recursos públicos, si queremos una administración transparente, que los socialistas sintetizamos en la frase de Juan B. Justo: manos limpias y uñas cortas".