Este jueves pasado vimos como en Jujuy nuevamente la protesta social fue reprimida. Y no es nada nuevo, sino cabe recordar los incidentes en el Parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires, el asesinato de Mariano Ferreyra y los ataques hacia la comunidad aborigen Quom de Formosa.
Las protestas en Ledesma (Jujuy), ubicada unos 106 kilometros de la ciudad capital, varias familias reclamaban desde hace unas semanas por el
derecho a las tierras y viviendas en los terrenos de una empresa de azúcar llamada Blaquier. Esta “azucarera” es la productora número 1 en la Argentina en el tema con estrechas relaciones con el Gobierno Nacional, y la corporación más poderosa en todo Jujuy, a la cual no le tembló el pulso a la hora de montar un operativo para desalojar por medio de la fuerza a las 700 familias, generando así 4 muertos y decenas de heridos, entre los que se encontraban niñas y niños intoxicados producto de los gases lacrimógenos.
Este reclamo social no es otra cosa que una deuda más del Gobierno Nacional. En este caso, las familias alineadas detrás de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) no “pedían la luna”, sino que exigían que el Estado Nacional-Provincial, casualmente en esta vez del “mismo color”, se haga cargo de garantizar la vivienda para los sectores más postergados de nuestra sociedad. Esto último, es lo que dice el famoso
“Articulo 14 Bis” de la Constitución Argentina, en donde le pone
la obligación al Estado de garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los ciudadanos argentinos. Entonces, es evidente la deuda social que tiene el Gobierno Nacional con los ciudadanos. También, es más evidente que el
INDEC miente en los diagnósticos, queriendo tapar el sol con la mano en muchas cuestiones, y en otras como está,
no resolviendo los problemas a tiempo.
Por otro lado no podemos obviar nuestra historia, donde la protesta social en argentina tiene una historia larga. Desde los reclamos de “Semana de Mayo” exigiendo el primer gobierno patrio; las primeras huelgas obreras de principios de Siglo XX pidiendo condiciones dignas de trabajo; la Reforma Universitaria de 1918 donde los estudiantes pedían una educación moderna que reemplace a una forma vieja que ya se había agotado; las marchas de madres y abuelas de plaza de mayo reclamando la aparición con vida de sus hijas, hijos y nietos; llegando a las protestas sociales de 2001, todas estas han dejado una huella en nuestra historia. Por lo tanto,
tenemos que entender que las protestas, marchas, siempre que sean pacíficas, son válidas y, a la vez, son un medio más que tiene el pueblo para expresarse. La democracia no es solo un método para elegir a nuestros representantes, sino que a la vez es un modo de vida, es una forma de llevar adelante una sociedad donde todas las opiniones estén contenidas, y por ende sean respetadas y toleradas, tanto por las minorías y mayorías.
Es por eso que hoy, en pleno Siglo XXI,
rechazamos y repudiamos todo tipo de represión y ataque que sufran los ciudadanos en cualquier manifestación social. Es inconcebible que cuando
lo que se impone en la actualidad es el diálogo, se responda con violencia, y mucho menos cuando lo que se está reclamando es un derecho constitucional como el derecho a la vivienda. Esto muestra a las claras
el agotamiento de una manera de construir y concentrar poder, donde lo que reina es la intolerancia y la soberbia por parte del Gobierno Nacional. También nos deja cada vez más claro que este
sistema de producción, de consumo, está agotado, generando más desigualdad entre ricos y pobres, más pobreza y exclusión, y menos condiciones dignas para vivir, dejando de lado los intereses populares.
Como dijo la presidente de los argentinos, no hace mucho en el acto del Día de la Bandera en Rosario,
“no queremos más argentinos contra argentinos”, exigimos que cumpla con lo dicho haciendo que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y de las respuestas necesarias a los habitantes de la ciudad de Ledesma de la Provincia de Jujuy y, que por otro lado, diseñe las políticas públicas necesarias para que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de hechos, para así poder transitar en una Argentina con más justicia, más igualdad y más solidaridad para todos.
Senadores y diputados nacionales presentaron hoy, en conferencia de prensa el Interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) conformado por Socialistas, GEN, el Frente Cívico cordobés, Libres del Sur, Buenos Aires para todos, Unidad Popular que reúne a 21 diputados y a tres senadores. “Somos legisladores que venimos trabajando juntos desde la oposiciòn en temas que le interesan al paìs y a nuestro pueblo”, afirmó Rubén Giustiniani.
