A toda la gente de Rojas, FELIZ AÑO NUEVO!

El Senador Socialista Rubén Giustiniani critica la ley de Presupuesto 2012 y se opuso la ley Antiterrorista

En el Senado de la Nación, el Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, manifestó que la ley de Presupuesto 2012 “persiste en las mismas falencias”. Con respecto a la ley Antiterrorista señaló que “significa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”.

PRESUPUESTO 2012: “Persiste en las mismas falencias”

“Este proyecto de presupuesto persiste en las mismas falencias que los anteriores presupuestos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, se sigue postergando a las provincias en la distribución de los recursos y esconde una situación de profunda injusticia hacia la mayor parte de los jubilados y pensionados”, afirmó Rubén Giustiniani.

Desde el año 2003 se insiste en una sistemática violación al art. 7 de la ley de Coparticipación Federal, ya que el propio Poder Ejecutivo Nacional acepta en sus previsiones que la recaudación total para el año que viene ascenderá a $ 668.290 millones de los cuales sólo se remitirán a las provincias $ 163.977 millones, es decir un 24,53%, muy lejos de la garantía establecida, fijada en un 34%.

Esta decisión del gobierno se traduce, dijo Giustiniani, “en el deterioro fiscal perceptible en las provincias, que cuentan con menores herramientas para enfrentar sus cuentas públicas y sufren el ahogo provocado por la centralización de los recursos que en reiteradas oportunidades hemos resaltado y que se repite en el proyecto de Presupuesto 2012”. 

Para el senador socialista este presupuesto “insiste una vez más en ratificar la continuidad de una política presupuestaria que no da respuesta a los principales desafíos sociales y económicos que padecen todos los argentinos”.

En ese sentido, el legislador por Santa Fe destacó que “no contempla desde un punto de vista social la situación de los jubilados”. Mientras la ANSeS registra un cuantioso superávit, “el pago de jubilaciones y pensiones dista de ser equitativo”. El total de pasivos asciende a 5.390.000 personas del cual el 73% cobra el haber mínimo cuyo valor al día de la fecha es de $1.434 mensuales. Si sumamos quienes cobran menos de $2.000.- mensuales, tenemos que el 87% de los pasivos están por debajo de ese monto. “Insistiremos en el marco de un ANSeS superavitario hacer efectivo el 82% móvil” agregó.

“Se trata - dijo Giustiniani - de una política realizable con los propios recursos con que hoy cuenta la Administración Nacional de Seguridad Social, incluso sin necesidad de elevar tributos sino con una eficiente administración y reasignación de recursos”.

LEY ANTITERRORISTA: “Significa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”

En la misma sesión, Rubén Giustiniani se opuso al Proyecto de Ley que modifica el Código Penal de la Nación en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista ante el “riesgo de que se criminalice la protesta social” y habilite una “persecución penal contra personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”. “Es paradójico que en Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia” señaló el Presidente del Partido Socialista.

“Esta no es una afirmación temeraria - agregó Giustiniani - en Chile se ha utilizado recientemente la legislación antiterrorista promovida por el GAFI para criminalizar las protestas de la comunidad Mapuche”.

“Existe una postura unánime de firmeza contra el terrorismo y las actividades terroristas, pero esta ley significa un grave riesgo de criminalizar la protesta social y habilita una persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos” manifestó el legislador.

En la actualidad en nuestro país alrededor de 5 mil personas están detenidas por exigir sus derechos en el marco de distintas protestas.

El senador socialista advirtió que “bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra el delito, se ponen en peligro garantías constitucionales”.

El resultado de aprobar el proyecto oficial sostuvo Giustiniani “plantea una situación paradójica y el resultado es ampliamente conocido: ni respeto a los principios, ni eficacia en la reducción o control del crimen” finalizó.

A 10 años de la “crisis del 2001”

Una década paso, y todavía lo recordamos. La crisis del 2001 desembocó en una crisis social, económica y política sin precedentes. Resultaba que llegaba al fin la época neoliberal de los 90, en dónde De la Rúa intentó sostener un plan de convertibilidad que dejó en la ruina al país. La crisis estalló cuando por el entonces Ministro de Economía, Cavallo, anunció la medida conocida como “El Corralito” la cual no dejaba sacar a los pequeños y medianos ahorristas la plata que habían introducido en los bancos. Previamente a esto, se había dado una gran fuga de capitales y el anunció del FMI de no refinanciar la deuda y no conceder un rescate.

La Argentina del 2001 pareciera verse reflejada en la Grecia de ahora: protestas masivas y una sociedad que pone en crisis la confianza con los partidos políticos. Por otro lado, tenemos que recordar que en nuestro país hubo una represión feroz contra los que protestaban contra las medidas que tomaba el Estado argentino. En estos días, hace 10 años, morían 39 personas a lo largo y ancho del país. Los constantes saqueos a los supermercados fueron otro punto de inflexión, que en sumatoria concluyó con la renuncia del Presidente De la Rúa.

Una década después, vemos en el contexto internacional como los bancos golpean a Europa y vemos aplicadas las viejas recetas neoliberales en los países del primer mundo ¡Las mismas recetas que aplicaron en Argentina hace 10 años atrás! Grecia, España, Italia, son algunos ejemplos de los feroces recortes que la banca impulsa. Obviamente que esto va en contra de la clase trabajadora y de los sectores más postergados.

Diez años más tarde, podemos decir nuevamente que esto es un nuevo fracaso del neoliberalismo. Una vez más vemos agotar al Capitalismo como modelo económico y social. Creemos que hoy en día se abren las puertas para poder empezar a diseñar una sociedad más justa e igualitaria, en dónde el mercado no tenga más peso que los intereses de la clase trabajadora, en dónde la Democracia le gane definitivamente a la “Plutocracia”.

10 años sin el Pocho

"El trabajo nos hace ascender como personas, mientras que la falta de trabajo nos incita a la violencia, a la droga, a la delincuencia". Pocho Lepratti

Hace 10 años en el medio del estallido de la crisis económica, política y social en la Argentina, la policía reprimía y mataba a unos cuantos manifestantes en distintos puntos del país.

Lo “raro” de este caso es que precisamente el “Pocho” Lepratti no estaba en una protesta, sino que estaba en un comedor dándole de comer a los chicos. A la policía santafesina no le tembló el pulso y disparó ocasionando la muerte de aquel luchador social, como supo inmortalizar la canción “El Ángel de la Bicicleta” en su verso “bajen las armas/que aquí solo hay chicos comiendo”.

Como dicen los grafitis “Pocho Vive” se mantiene más vigente que nunca. Todavía es y, sin ninguna duda, va a seguir siendo un referente de la resistencia social contra las injusticias que sufrían los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Las bicicletas marcadas en las paredes de los barrios que vemos hablan por sí solas: hoy a 10 años más que nunca exigimos juicio y castigo, para que no haya Nunca Más impunidad en la Argentina.

Juicio de Residencia, para eliminar la impunidad o las sospechas

Fue presentada por el Diputado Provincial Socialista Carlos Nivio una Ley para instituir el Juicio de Residencia como mecanismo de rendición de cuentas, constituyendo un procedimiento al que deben someterse obligatoriamente el Gobernador/a y los Intendentes/as al término del desempeño de su cargo, para verificar el cumplimiento de sus responsabilidades político-administrativas durante el ejercicio de su mandato. Se incluye a sus reemplazantes legales cuando hayan ejercido el Poder Ejecutivo por más de un año.

Los funcionarios estarán sujetos por 6 meses al Juicio de Residencia, no pudiendo ausentarse de la provincia por más de veinte días durante ese período, salvo autorización expresa. De incumplir las normas se les efectuará un cargo preventivo automático proporcional al importe de los bienes que estuvieron bajo su responsabilidad en los casos sujetos a investigación.

El Órgano de Aplicación será el Tribunal Social de Responsabilidad Política (de creación también propuesta por Nivio), cuyos integrantes serán elegidos por concurso de oposición y antecedentes, por un Jurado presidido por la Corte Suprema de Justicia, e integrado por miembros del Colegio de Abogados, del Colegio Prof. de Ciencias Económica y otros propuestos por ONG´s dedicadas a la defensa de la democracia (en todos los casos provinciales).

Los funcionarios residenciados gozarán de todas las garantías constitucionales y legales en defensa y resguardo de sus derechos. El juzgamiento previo, durante el ejercicio del cargo, no será impedimento para el Juicio de Residencia. Cuando el Tribunal se expida, con el voto de los dos tercios de sus miembros, no habrá apelación ni recurso alguno a la sentencia. La sanciones, en caso de responsabilidad acreditada, variarán de acuerdo a la gravedad de los hechos y consistirán en multas, devolución del dinero percibido ilegítimamente, inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas de cualquier naturaleza por el tiempo que fije la sentencia, o destitución (en caso de desempeño de otro cargo), y la sentencia se aplicará obligatoriamente sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil del funcionario público.

En nuestro actual sistema democrático, da la impresión de que todos los abusos, desmanes, corrupciones, nepotismos e irregularidades que puedan cometerse a lo largo de cada mandato, gozan de remisión absoluta tanto si se ganan como si se pierden las elecciones, quedando generalmente la mirada decepcionada de aquellos que fueron gobernados.

Rendir cuentas…

Los principios a cumplir por los funcionarios públicos se encuentran en la Constitución Nacional y demás legislación, y están basados en la honestidad, celeridad, eficiencia transparencia y responsabilidad por el ejercicio de la función pública.

Mucho se ha estudiado sobre los efectos de la corrupción en los gobiernos, considerándose que éste es uno de los tópicos que más dificulta el progreso económico y social de las comunidades.

La corrupción, en una sociedad donde se festeja el éxito individual y material y no se censura cómo se lo obtiene, es un proceso con vocación totalitaria que tiende a expandirse, generar acostumbramiento y, en consecuencia, termina institucionalizándose en los gobiernos. Máxime aún, en los lugares donde existe una mirada patrimonialista del poder en virtud de un ejercicio prolongado del mismo.

Las dudas de connivencias entre quienes ejercen los distintos poderes en un gobierno, relativiza el control entre dichos poderes del sistema republicano, uno de cuyos pilares es el juicio político. Los procedimientos previstos, que deberían activarse por alguna irregularidad funcional o delictual, no se aplican, dando lugar a que un gran sector de la población sospeche la existencia de impunidad en este tipo de casos.

Es en este sentido que debemos definir claramente los límites entre lo ético de la función pública y la inmoralidad.

El Gobierno Nacional no aborda con las herramientas apropiadas los problemas pendientes

Encabezada por Rubén Giustiniani y Hermes Binner, se reunió laComisión de Acción Política del Partido Socialista que elaboró un documento donde se insiste en la necesidad de convocar a “un diálogo nacional con todos los sectores políticos y sociales” ante los“problemas muy complejos” que afronta el país.

El encuentro se realizó este viernes en un hotel del barrio de Congreso en la ciudad de Buenos Aires donde dirigentes socialistas de todo el país destacaron el segundo lugar obtenido el pasado 23 de octubre, en las elecciones nacionales con el FAP y coincidieron en ratificar el rumbo del PS, un “actor clave” en la construcción de un proyecto progresista.

“El resultado electoral obtenido en las últimas elecciones demostró que es posible construir un espacio amplio que se proponga ofrecer una alternativa de gobierno creíble a la sociedad”, sostuvo Rubén Giustiniani Presidente del PS

“El Socialismo ha sido un actor clave en la construcción de este proyecto progresista integral, coherente y alternativo al gobierno actual”, afirmó el gobernador de Santa Fe Hermes Binner.

Los representantes socialistas de todo el país que participaron de la reunión concluyeron que“La Argentina afronta un momento muy particular”, reconociendo por un lado que existe una gran posibilidad de dar un salto en su desarrollo y advirtiendo sobre “problemas muy complejos”. “Existen temas urgentes e importantes que el gobierno nacional no aborda con las herramientas apropiadas: una deuda social pendiente y las posibles consecuencias para nuestro país de la grave crisis internacional. Hay que evitar que impacte nuevamente en los más vulnerables, la fuga de divisas y el flagelo de la inflación, que golpea con mayor fuerza a los sectores más débiles a la vez que genera falta de confianza en los inversores”.

“Ante estos graves problemas, seguiremos insistiendo en la necesidad imperiosa de la convocatoria a un diálogo nacional para analizar con todos los sectores políticos y sociales la Argentina que queremos, reclamando más federalismo para revitalizar la democracia”, finalizaron.

Participaron, también de la reunión de la Comisión de Acción Política dirigentes socialistas de las 23 provincias argentinas, el Secretario General del PS Carlos Roberto, el intendente de Rosario Miguel Lifchtiz, los diputados nacionales Mónica Fein, Roy Cortina, Alicia Ciciliani, Lisandro Viale, Miguel Barrios, Ricardo Cuccovillo, el diputado nacional electo Juan Carlos Zabalza, legisladores provinciales, concejales y Secretarios Generales de todo el país.

Tribunal Social de Responsabilidad Política para garantizar la ética en la función pública

Carlos Nivio, Diputado Bonaerense Socialista, presentó una Ley para crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política, conforme a lo establecido en el art. 3º de la Constitución provincial, que tendrá por objeto examinar, prevenir e investigar los actos de corrupción que pudieran cometer funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales, así como de organismos autárquicos y/o descentralizados y de empresas de propiedad o con participación del Estado provincial o municipal.

Estará integrado por 9 miembros titulares, 6 suplentes y los secretarios que su reglamentación determine, no pudiendo la composición del Tribunal tener una representación inferior al 30% de cada sexo. Dichos integrantes serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes, por un Jurado que será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, e integrado por miembros del Colegio de Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas provinciales, y también por otros propuestos por ONG´s -también provinciales- dedicadas a la defensa de la democracia.

La actuación de este Instituto será independiente y descentralizada, quedando alcanzados por esta Ley todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público y expresamente incluidos el personal jerárquico, y oficiales de la Policía Bonaerense.

El artículo 3º de la Constitución provincial establece: "También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales". La Provincia, en deuda con el mandato constitucional, no ha procedido a crear dicho cuerpo, lo que ha motivado la presentación de esta Ley por parte de Nivio.

Como quería Lisandro de la Torre, quien recordando a Alberdi afirmaba que "la vida pública, continuación de la vida privada, exige que ésta sea transparente si se aspira a tener autoridad ante sus conciudadanos".

“Manos limpias, uñas cortas”

El Estado debe actuar no sólo dentro del orden jurídico sino también en consideración a la equidad y la ética. Los funcionarios públicos y todos los sujetos que integran las órbitas de los tres poderes estatales, están sujetos a determinados deberes éticos y morales en el ejercicio de sus funciones que dimanan de todo estado democrático de derecho y que hasta exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente.

Desde la década del 90´a esta parte, no es extraño encontrar la figura del funcionario público vinculado a la falta de ética pública y a los actos de corrupción, sumándose la demora de la justicia en los procesos de tratamiento de estos casos.

En coincidencia con el art. 3º de la Constitución provincial, que refleja la importancia que para la provincia tiene el tema de la corrupción, el objetivo central al que propende la presente iniciativa es reglamentar un instrumento moralizador de la función pública, que ha de asegurar la vigencia del valor de la credibilidad por parte de los administrados en la conducta y actos de los funcionarios públicos, como elemento genuino para la defensa y resguardo de la democracia.

Como planteara Guillermo Estévez Boero, "es necesario resaltar la honestidad en el manejo de las finanzas y los recursos públicos, si queremos una administración transparente, que los socialistas sintetizamos en la frase de Juan B. Justo: manos limpias y uñas cortas".

La Legislatura provincial aprobó cuatro importantes proyectos de Carlos Nivio

En la sesión del 23 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó cuatro proyectos presentados por el legislador socialista Carlos Nivio: Servicio Público a la Telefonía Móvil, Informe sobre el Puerto Mar del Plata, Informe sobre educación y Escuela Stábile a posesión del Estado provincial.

Respecto de la telefonía móvil, se aprobó que sea declarada "servicio público" (en concordancia al proyecto presentado por el Senador Nacional y Presidente del Partido Socialista Rubén Giustiniani), en todas sus modalidades, de conformidad con el artículo 42º de la Constitución Nacional, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas justas y razonables, generando credibilidad y acotando la discrecionalidad de los agentes reguladores con instrumentos de monitoreo y sanción suficientes.

Con referencia al pedido de informes sobre el Puerto Mar del Plata, se aprobó que se indague en materia de espacios, infraestructura, equipamiento y servicios, como consecuencia del desarrollo de la región a la que sirve. Cada vez son más los sectores fiscales cedidos para emprendimientos privados no portuarios, y no se advierten actitudes de las autoridades competentes para contar con una estación marítima acorde al rol que cumplen los puertos en el mundo.

El pedido de informes sobre educación aprueba que se responda sobre programas para alcanzar los objetivos de la ley 13.688; obligatoriedad escolar y jornada extendida; nombramiento de docentes por cargos; ausentismo; gabinetes informáticos; comedores escolares; capacitación docente y no docente; compromiso con la calidad de vida y el medio ambiente; causas de violencia en las escuelas; entre otros puntos, a más de cuatro años de haber adherido la provincia a la legislación nacional en materia educativa.

En el caso de la Escuela de Disminuidos Visuales de la Fundación Martino Stábile, de la ciudad de Mar del Plata, se aprobó que el Estado provincial accione para tomar posesión del establecimiento donde realizaba sus actividades esta escuela, a efectos de dar continuidad a su funcionamiento y dada la disolución de esa entidad cuyo estatuto estableció la donación final del inmueble a la Provincia de Buenos Aires.

La palabra de Nivio

Consideramos muy importantes las aprobaciones logradas en la Legislatura.

En el caso de la telefonía móvil por la indefensión de los usuarios ante los abusos de los prestadores del servicio, debiendo el Estado mediar para garantizar equidad en una relación de fuerzas desigual.

En el caso del Puerto Mar del Plata, dado que el criterio de estación marítima multipropósito y poli-funcional con que fue creado implicaba la responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo futuro del país y la región, y últimamente parece ocurrir todo lo contrario.

Para el sistema educativo bonaerense, distintos estudios demuestran su deterioro, agregándose los reclamos de alumnos, docentes y padres. Para los Socialistas la lucha por la libertad y la igualdad, y el futuro de la sociedad, son inconcebibles sin educación.

En el mismo sentido, sería lamentable que la Escuela Stábile no pudiese seguir funcionando por trabas burocráticas o inacción respecto de lo que el Estado debería defender, siendo importante esta aprobación para que ello no ocurra.

Si te maltrata no te quiere!! Día Internacional de la NO VIOLENCIA contra la mujer

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Se han venido estableciendo marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales para la prevención, erradicación y sanción de las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas, reconocemos los esfuerzos generalizados y cada vez mayores que se realizan para hacer frente a esta problemática, sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de las normas, pautas y políticas jurídicas, siguen siendo insuficientes.

Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas de todo el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.

En marzo de 2010 con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresaba “que la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad de la que todos deberíamos avergonzarnos. En particular, la violencia sexual durante los conflictos es un fenómeno generalizado. El Consejo de Seguridad aprobó durante 2009 dos enérgicas resoluciones sobre esta cuestión y se nombró un representante especial para que movilice a la comunidad internacional en contra de estos crímenes. La campaña “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” y la Red de hombres líderes establecida recientemente están tratando de ampliar nuestras actividades de promoción a nivel mundial.”

Por su parte la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, declaro que la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “nos recuerda las proporciones epidémicas que está cobrando este problema” de “nefastas consecuencias para la salud y el bienestar personales de las mujeres, así como para el desarrollo social y económico en general”. La violencia contra las mujeres constituye “violación de sus derechos y libertades fundamentales”.

Argentina no escapa a esta cuestión. Durante los primeros 6 meses de este año hay un total de 51 mujeres reflejando un incremento del 59,3% con respecto al 2010. Aunque todavía no hay datos actualizados, desde ningún lugar del Estado se ayuda a erradicar uno de las problemáticas más anacrónicas que sufren muchas mujeres. Un dato para tener en cuenta es que según la Organización destinada a Proteger la Vida y la Salud Integral de las Mujeres, IPAS, Martha María Blandón, señala que aunque la violencia de género y por tanto el feminicidio trasciende las clases sociales, la situación de pobreza lleva a mayores niveles de desesperación y angustia. El otro dato que también tenemos que tener en cuenta es el que nos brinda Red de Mujeres, también señala que aunque la mayoría de las mujeres asesinadas realizaban actividades que le permitían obtener cierta remuneración económica, esto las hacía más propensas al maltrato.

Estos dos datos nos deja como conclusión que sin una lucha contra la pobreza extrema que eleve el estado de bienestar de los sectores populares de la Argentina, y sin una legislación que aborde la problemática más la voluntad política del gobierno en llevar las leyes a la práctica, la violencia de género va a seguir existiendo.

Por eso, un mejor país no se dará nunca con una mujer que sufre la violencia de una sociedad machista. Como Socialistas es innegable nuestro deber y compromiso en defender a las mujeres de todo tipo de violencia que sufra por esta sociedad patriarcal que quedo anacrónica en el tiempo, pero que lamentablemente siguen sufriendo. Marchar hacia una sociedad donde no haya violencia contra las mujeres hará que vivamos en un país más justo e igualitario, en que de una vez por todas comprendamos que la Mujer del presente es parte indispensable en la construcción del nuevo tiempo.

Resolución pública del Comité Americano de la IUSY en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica

El Comité Americano de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) reunido entre los días 18 y 20 de noviembre de 2011 en la ciudad de Rio de Janeiro, en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica resuelve:

1. Respaldar las reivindicaciones de los movimientos sociales que están ocurriendo en Latinoamérica, referidos a la defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, que en su pragmatismo coloca el entendimiento de la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo social en nuestros países con aspiraciones progresistas.

2. La IUSY tiene la convicción de que existe una relación indivisible entre el estado y la educación, pues ésta corresponde a un derecho esencial e inalienable donde el estado debe asegurar el libre acceso y la permanencia en el sistema educativo, al servicio del desarrollo de nuestras sociedades y asegurando políticas que reivindiquen el estado de bienestar.

3. Rechazamos aquellos modelos de educación basados en el lucro y en la especulación, y no en la generación y transferencia de conocimiento ya que generan un acentuado desequilibrio en el concepto de igualdad y justicia social.

4. La IUSY manifiesta su compromiso con los beneficios de la libertad y la ampliación de los espacios de igualdad creciente, pues nos enrolan en la bandera de la ética de la solidaridad y fraternidad.

5. Las organizaciones miembros se comprometen en analizar brevemente el sistema educacional en cada uno de sus países a fin de visualizar las problemáticas que el sistema puede arrojar en el mediano o largo plazo, esto último con el objetivo de entregar una visión conjunta del significado real que tiene la educación en nuestras organizaciones progresistas y los cambios radicales que por intermedio de ello puedan aportar a la igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad entre los jóvenes.

Las organizaciones abajo firmantes apoyan la presente resolución:

· Juventudes Liberales – Colombia

· Juventud Radical – Chile

· Juventud Partido por la Democracia – Chile

· Juventud Socialista – Chile

· Juventud Socialista – Uruguay

· Juventud Nuevo Espacio- Uruguay

· Juventud Unión Cívica Radical – Argentina

· Juventud Socialista – Argentina

· Juventud Socialista – España

· Juventud Revolución Democrática – México

· Juventud Izquierda Democrática – Ecuador

· Juventud Partido de los Trabajadores – Brasil

· Juventud Acción Democrática – Venezuela

· Juventud País Solidario – Paraguay

Y otras firmantes.

Nota: Declaración de IUSY por una defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, proposición presentada por las Juventudes Liberales de Colombia, el PPD y la Juventud Radical de Chile.

Telefonía móvil como Servicio Público

De conformidad con la Constitución Nacional -que prevé en su art. 42º la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos- el legislador bonaerense socialista Carlos Nivio reclama (en coincidencia con la Ley presentada por, el Presidente del Partido Socialista, Giustiniani en el Senado) que la telefonía móvil sea declarada servicio público en nuestra provincia, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y de las Defensorías del Pueblo.

Se debe contar con una legislación transparente y un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información, a efectos de actuar con independencia, ya que cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios.

El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras y la protección de los derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios, constituyen competencias primordiales que deben ser asignadas al Ente Regulador, dado que este no es un árbitro entre dos partes iguales, sino que existe una notoria desigualdad entre los dos sujetos -empresas y usuarios- entre los que el Estado debe mediar.

Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste -por ejemplo- en mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad de servicios prestados por los diversos operadores, integrando a los ciudadanos al proceso regulatorio (mecanismo que también prevé la Constitución, en el reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existentes entre usuarios y empresas), asegurando su legitimidad.

Los mecanismo regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un marco legal que provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. La telefonía móvil debe ser un servicio público como lo son los teléfonos fijos.

Otros datos...

En los últimos años el uso de la telefonía móvil ha tenido un crecimiento muy significativo, hasta reemplazando a veces a la telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones (cerca de 93 por cada 100 habitantes). La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio que incluya también la regulación de las tarifas.

Existen datos fundamentales para la regulación de los servicios públicos que son de difícil observación por lo que la legislación debe crear un Ente Regulador y obligar a la empresa prestataria a brindarle toda la información que necesite para un cumplimiento adecuado a sus funciones.

En la Audiencia Pública en que se discutió el proyecto de Giustiniani, una de las conclusiones fue la necesidad de que el Estado intervenga en la regulación de este mercado, al que se calificó de oligopolio, ya que los usuarios son víctimas de abusos constantes de las empresas. Por ejemplo, el minuto prepago cuesta el doble en comparación con el abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menores recursos y los jóvenes.

El Congreso debería dictar también una Ley Orgánica sobre marcos regulatorios que homogenice reglas generales y que ninguno de los marcos específicos pueda desconocer.

Dos proyectos para dar respuesta a la demanda habitacional

Carlos Nivio, Diputado Provincial Socialista, presentó dos iniciativas para aportar a la resolución del problema habitacional de la provincia con transparencia, equidad y continuidad.

Por un lado el Régimen de Asignación de los Recursos Provenientes del Sistema Federal de Vivienda, para garantizar un claro mecanismo de distribución de los fondos a los Municipios, acorde a los niveles de coparticipación de cada uno. Los gobiernos municipales evaluarán sus necesidades habitacionales y elaborarán sus programas de acción en función de ellas y al cupo de recursos asignados. Esta propuesta deberá encuadrarse en la Política de Vivienda delineada por el Gobierno provincial y los Municipios deberán descentralizar a su vez, como mínimo, un 50% de sus fondos a Entidades Intermedias.

Se debe tender al funcionamiento de un sistema de programación y gestión habitacional de carácter abierto, producto de una acción coordinada de los niveles públicos nacionales, provinciales y municipales, así como del sector privado involucrado, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, entre otras. Significará una distribución más equitativa de los recursos y transparencia en su manejo, el ciudadano participará en la gestión de su hábitat, garantizando el control social sobre las adjudicaciones y se asegurará que los programas respondan a necesidades reales posibilitando diseños y tecnologías adecuadas y optimizando el uso de los recursos.

Por otro lado el Régimen de Registro, Orgnaización y Adjudicación de la Demanda Habitacional para la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de contar con un sistema único que brinde información actualizada y articule la demanda canalizada a través de los Municipios, promoviendo programas ajustados a las necesidades y mecanismos claros de adjudicación.

El Estado provincial y los Municipios deben promover la organización de la demanda habitacional, tanto la dispersa como la organizada en Entidades Intermedias, debiendo normarse los criterios y procedimientos para la adjudicación de los distintos planes. Siendo la oferta de soluciones que puede aportar el Gobierno provincial muy inferior a la demanda, debemos garantizar mecanismos transparentes de selección que aseguren equidad a todos los solicitantes.

Algunos datos...

El Tercer Seminario Iberoamericano para el Hábitat Popular informaba que, en la Argentina, el déficit habitacional afectaba a más de 3 millones y medio de familias, de las cuales un tercio requería acceder a una vivienda y los dos tercios restantes mejorar su situación habitacional, generando una necesidad de más de 2,5 millones de nuevas unidades.

Más recientemente se informaba que, a pesar que las cifras oficiales del gobierno nacional indicaban haberse contruido 400 mil viviendas en los últimos años, solo en la provincia de Buenos Aires existiría un déficit de 600 mil unidades. Otras fuentes estiman que realmente la necesidad de soluciones habitacionales en nuestro distrito alcanzaría a cerca de 2 millones.

El problerma de la vivienda es, sin duda, una de las insatisfacciones más sentidas por nuestra sociedad.

Si bien desde el Poder Ejecutivo provincial existen experiencias en este sentido, creemos que éstas deben institucionalizarse y garantizar su continuidad, más allá de las distintas administraciones provinciales y adoptando -conjuntamente con los municipios- el rol de facilitador de soluciones habitacionales y no el de proveedor de viviendas.

La lucha por el derecho al aborto en la construcción de ciudadanía

Por Elsa Schvartzman (*)

Un Estado laico debe tener políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; políticas públicas que defiendan los Derechos Humanos para las mujeres, y por tanto no puede seguir soslayando el derecho al aborto seguro, con el mismo grado de garantías que los demás derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

La historia de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina tiene décadas, con momentos de diferente reconocimiento, amplitud o encierro en los núcleos más duros de la resistencia feminista. Esto implicó mayor o menor articulación e integración con nuevos actores. Las mujeres en la demanda del aborto legal, unificando voces, salen de una decisión individual de resistir al orden establecido hacia una lucha que las constituye como sujeto de derechos, con posibilidad de exigencia.

Con la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se ha dado fuerza y visibilidad al trabajo histórico contra la opresión que se viene realizando con las distintas acciones de cada sector involucrado. Esta articulación, también desde la pertenencia, ha logrado posicionarnos en el debate público como interlocutoras válidas y dialogar con los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con los movimientos sociales, los partidos políticos, los efectores de salud, las universidades. Fue convirtiéndose en un actor social cada vez más convocado y reconocido. Insoslayable en la toma de posición, en la recuperación de la historia y conquista de nuevos derechos y en la exigencia del cumplimiento de los abortos considerados legales por la normativa existente.

En 2005 en la declaración inaugural dijimos: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”. Desde entonces, hace seis años, es asumida y sostenida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones de todo el país y numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, movimientos sociales, de derechos humanos, académicos y científicos, estudiantiles, campesinos y de educación, trabajadores y desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas. Articula acciones comprometidas en la defensa de la integralidad de los derechos humanos, y el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y legalizar el aborto. Nos apoyamos en la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos de todas las personas, sólo garantizados por el acceso universal a los servicios públicos que los sostienen.

Nuestro lema –así como nuestro trabajo de años– es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones legales y en los sistemas de educación, salud y también, por supuesto, profundos cambios culturales. No aceptamos más la hipocresía del ocultamiento fundamentado en una supuesta inmadurez que invalida la posibilidad de lucha, apropiación y cumplimiento de nuestros derechos. Un logro que ya contabilizamos es el reconocimiento de que “la sociedad está madura”: el derecho al aborto es un tema de debate.

En el documento fundante se establece la defensa del derecho al aborto como una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. Esto exige el mismo grado de garantías del Estado para que se efectivice el derecho al aborto en simultaneidad con los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

También requiere la plena vigencia de un Estado laico que no imponga reglas desde una teología moral, y que ejecute políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; que descansa en la soberanía popular y no en un poder emanado de creencias religiosas, que legisla en nombre de dios y de lo supuestamente sagrado.

En 2007 sintetizamos y expusimos nuestros argumentos en un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo donde se establece principalmente la despenalización y legalización del aborto voluntario, es decir por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y fuera de este plazo en casos de violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves (ver http://www.abortolegal.com.ar).

Construimos un fuerte apoyo en un sector de la sociedad y de parte de amplios movimientos sociales y políticos, así mismo en el tratamiento público en algunos medios de comunicación y la adhesión de referentes del arte y la cultura.

En abril de 2010 fue presentado por tercera vez en la Cámara de Diputados ahora con 50 firmas de todos los bloques. El 30 de noviembre por primera vez se convoca a una audiencia desde una comisión, la de Asuntos Penales presidida por el diputado Vega. Fue invitada Marianne Mollman de Human Rights Watch. El 13 de julio participa en una nueva jornada Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Como Campaña, seguimos luchando para lograr el debate y aprobación en el Congreso Nacional de nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva.

* Socióloga. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nota escrita para “La Vanguardia” del mes de Agosto de 2011, periódico fundado por Juan B. Justo en 1892. Órgano oficial del Partido Socialista.

La Justicia llegó para el "Ángel"

Después de 22 meses de debate, llegó el día de la condena en Comodoro Py donde el Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo a prisión perpetua en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El Ángel, como lo apodaban a Astiz, no va a poder andar más suelto por las calles de nuestro país, hecho que nos llena de orgullo, como al igual que sus 11 compañeros que torturaron a 5 mil personas en aquel centro clandestino, de las cuales solo 100 salieron con vida. Así funcionó la maquinaria criminal del terrorismo de estado.

Astiz era el Teniente de Fragata durante la última dictadura y era uno de los que manejaba el centro de torturas de la ESMA, pero todo no se queda ahí. Un 8 de Diciembre, el “Ángel de la muerte” disfrazado de cordero, fingiendo que tenía un hermano desaparecido e infiltrado con el nombre de Gustavo Niño, tomó el camino de Judas y marcó con un beso a la monja francesa Alice Domon para que la secuestraran junto a 7 personas más. Entre ellas estaba Azucena Villaflor, la madre que supo parir a todas las Madres de Plaza de Mayo. En el colmo del cinismo, los militares dijeron que se las llevaban por un tema de drogas.

La justicia ya le había llegado en París, donde los franceses no olvidaron y lo juzgaron con posterior condena a cadena perpetua, a pesar de su cobarde ausencia en los juzgados. En Suecia también pasó lo mismo. Las madres, por el contrario, se convirtieron en una bandera ética para el mundo civilizado porque jamás intentaron ejercer la justicia por mano propia. Solo pedían juicio, castigo y condena a los culpables. No querían impunidad. Y finalmente, después de mucho batallar, ayer lo lograron.

Este miércoles 26 es un día más para recordar, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a Astiz y otros 11 genocidas a penas de prisión perpetua. Se hace imprescindible levantar las banderas de los DDHH, contra los crímenes de lesa humanidad, para que podamos escribir en la historia que “Nunca Más” queremos el terrorismo de Estado. Este miércoles pasado Astiz, cruzado por una mueca sobradora, tuvo tiempo para una provocación final: se colocó una escarapela argentina en su solapa. Nada podrá limpiar su conciencia sucia. Nada podrá dañar la emoción de haber derrotado a la impunidad. El ángel de la muerte irá a la cárcel para toda la vida. Y como dice esa famosa canción de León Gieco “todo está guardado en la memoria”.

El Partido Socialista bonaerense renueva su conducción

El Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires tendrá una nueva conducción a partir de octubre. El Diputado Nacional Ricardo Cuccovillo, que logró renovar su banca en las elecciones del domingo 23 de octubre, asumirá como Secretario General del partido.

Tras los comicios generales del 23/10, el Socialismo de la Provincia de Buenos Aires avanza en la consolidación de la unidad partidaria al consagrar una sola lista de autoridades provinciales.

La nómina la encabeza Ricardo Cuccovillo como Secretario General y la integran, entre otros, Francisco Morea, candidato a vice Gobernador del Frente Amplio Progresista y el actual Diputado Provincial Carlos Nivio, apoyada por los diputados provinciales electos Ricardo Vago y Alfredo Lazzaretti.

Esta nueva Junta Ejecutiva tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del Partido Socialista de la Provincia en la etapa de consolidación y crecimiento del Frente Amplio Progresista.

Con la ratificación de la Diputación Nacional y la incorporación de bancas provinciales y concejalías en toda la Provincia, la nueva conducción del Socialismo tendrá como principal objetivo reafirmar su expansión para impulsar el crecimiento en Buenos Aires del Frente Amplio Progresista, acompañando a su mayor referente: Hermes Binner.

Integrantes al Consejo Federal

Titular: Aldo Arrighi
Suplente: Liliana Simon

Junta Provincial

Ricardo Cuccovillo, Secretario General
Francisco Morea
Aida Frias
Martín Morichetti
Carlos Lopez
David Mongay
Roberto Simiand
Diego Aldacour
Adrian Giudici
Gabriela Troiano
Adriana Kreiman
Manuel G. Blanco
Carlos Nivio
Karina Himm
Silvio Vallejos

Suplentes:

Lorena Britos
German Svagelj
Eliseo Lafuente
Marta Lozano
Tania May
Alejandra Pignataro
Francisco Montanelli
Oscar Parisse

Primero liquidan mal y después le cobran ganancias

Comunicado de Prensa

Giustiniani reclama que no se aplique el impuesto a las ganancias en juicios por ajustes previsionales

El senador socialista Rubén Giustiniani sostuvo que el gobierno “maltrata” a los jubilados “primero les hace mal la liquidación y cuando le devuelven el dinero, le aplican de manera indebida, el impuesto a las ganancias”.

Giustiniani presentó en la Cámara alta una iniciativa donde solicita que la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES) deje de aplicar la deducción del impuesto a las ganancias sobre el saldo retroactivo determinado por sentencia judicial en los casos de reajustes de haberes previsionales.

En nuestro país los jubilados deben iniciar acciones judiciales para solicitar el reajuste de sus haberes previsionales por la mala liquidación que el estado hace sobre ellos, y que esas demandas perduran muchos años, hasta que finalmente el Poder Judicial le ordena a la ANSES corregir esa liquidación y pagarle a los beneficiarios la sumas retroactivas que surgen de tal diferencia.

Para Giustiniani “a este verdadero maltrato”, se le agrega el descuento por aplicación del impuesto a las ganancias que la ANSES le hace a las sumas retroactivas liquidadas, privando así a los beneficiarios de la total percepción de su crédito, “por lo que deben volver a iniciar acciones judiciales para reclamar por ese descuento indebido”.

Frente a esos reclamos la Cámara Federal de la Seguridad Social, en distintos fallos, entre ellos “Castiñeira, Darma E v. Anses s/ejecución previsional”, “Mediano Miguel v. Anses s/ejecución previsional,” y “Rios, Florinda v. Anses s/ejecución previsional”: hizo lugar a las acciones interpuestas por los beneficiarios, y entendió que las retroactividades producto de las sentencias judiciales, en los casos de reajustes están exentas del pago de impuestos a las ganancias.

El fundamento principal de dichas sentencias radica en que lo percibido por los jubilados no era una ganancia sino un retorno social que por su naturaleza no podía constituir nunca un hecho imponible, ni estar sujeto a gravamen alguno, sin colocar en riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La Ley de la Música será aprobada esta semana

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Rubén Giustiniani, adelantó que este miércoles se aprobará en sesión el proyecto de Ley de la Música.

“Esta ley significa la posibilidad da darle un apoyo muy concreto a nuestros artistas y promocionar la actividad de nuevos músicos jóvenes que muchas veces no tienen dinero para editar sus creaciones”, señaló Giustiniani.

El proyecto de Ley de la Música crea un Instituto de la Música de carácter federal y cuenta un fondo ya creado por la ley de medios que servirá para promover las actividades vinculadas con la creación artística. Su objetivo será colaborar con los músicos en todo el proceso productivo musical. También crea circuitos estables de música en vivo en cada región cultural de nuestro país.

La iniciativa llegará al recinto para su tratamiento este miércoles tras obtener dictamen de comisión el 31 de agosto pasado luego de ser debatida con músicos y artistas del país, entre ellos Teresa Parodi, Peteco y Cuti Carabajal, Víctor Heredia, Diego Boris, integrantes de "El Otro Yo", "Babasónicos" y "Las Pelotas".

Fuente: Prensa del Senador y Presidente de nuestro Partido Socialista

En breve estaremos dando más detalles sobre la ley

5 años pasaron y exigimos aparición con vida YA! Ni Perdón, Ni Olvido

Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. Desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno, algo que todavía nos llena de dolor e indignación. López fue secuestrado y torturado durante el último proceso Militar, allá por esas noches oscuras que vivió nuestro país donde miles de argentinos sufrían las torturas de un plan siniestro, que todavía deja heridas abiertas y, por sobre todo, mucha injusticia.

López tuvo la valentía de declarar en el juicio que condenaría al represor Miguel Etchecolatz, uno de los responsables de campo de Mayo y que impunemente todavía se siente orgulloso de lo que hizo durante la última dictadura. Lo que nos lleva a pensar que hipotéticamente muchos de estos represores todavía tienen poder operativo como para llegar a cometer estas atrocidades.

Tanto este Gobierno como el del período anterior (de Néstor Kirchner) tienen un grado de responsabilidad, porque no puede ser que un testigo de un juicio contra los represores de la última dictadura no tenga la protección suficiente. Además, no puede ser que en 5 años desde el Gobierno, con todas las herramientas que tiene, no se haya investigado bien a fondo para dar una respuesta: el silencio proveniente desde el Gobierno no es casual, hasta a veces suena a complicidad. Pero paradójicamente a la vez, este Gobierno también es víctima en este caso. Víctima porque es un cachetazo duró que les dieron las viejas fuerzas genocidas, ya que es innegable el avance que hubo en la Argentina en los últimos 8 años en la materia de Derechos Humanos y Juicios a los Represores de la última Dictadura.

Este hecho produce sensaciones raras, porque nadie puede afirmar nada sobre el paradero del compañero Jorge Julio López. En este punto, la desaparición se convierte en una herida lacerante que queda abierta en forma permanente. Nada cierra, nada cicatriza. Esa duda deja siempre en carne viva el dolor. No hay duelo, no hay cuerpo presente, no hay entierro. Muchos viejos cronistas policiales dicen que “el tiempo que pasa es verdad que huye”. Entonces, como una sociedad civilizada que aspira a consolidar y llenar de contenido la democracia cada día un poco más, no nos queda otra que pedir lo que resulta indispensable: aparición con vida, verdad, justicia, castigo y condena a los culpables. Para que el Nunca Más sea cierto. Para que Nunca Más.

35 años pasaron y los lápices van a seguir escribiendo

"Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera" Pablo Neruda

Hace 35 años, la Dictadura Militar escribía uno de los tantos capítulos más sangrientos de toda la historia Argentina: la recordada “Noche de los Lápices”. Aquella noche, de las más negras de nuestra historia como país, un grupo de estudiantes eran secuestrados, torturados y, muchos de ellos, asesinados.

Cabe recordar que todos estos jóvenes tenían menos de 20 años, y que fueron secuestrados por exigir la implementación del Boleto Estudiantil que había sido suspendido por las autoridades dictatoriales. Este no fue solo un hecho aislado, sino que formo parte de una serie de secuestros y torturas a miles de argentinos, sin importar su edad, religión o sexo, que querían en un país más justo, más igualitario, a lo que muchos de estos dictadores llamaban “subversivos”.

Las paradojas y el destino (si es que así lo podemos llamar) nos llevan a que dentro de un par de días, el 18 de este mes, vamos a recordar un suceso muy similar como fue el secuestro de Jorge Julio López, en donde esperamos que este caso no quede impune y tenga una resolución ya.

Hoy en Argentina, vemos como los genocidas de la última dictadura van pagando uno a uno y esto nos llena de orgullo ya que estos genocidios no tienen que quedar impunes. Pero también nos gustaría llamar a que todos veamos como otras facetas de los derechos humanos son violados, como lo son los miles de chicos desnutridos en el “granero del mundo”; como lo son las más 150 víctimas desaparecidas y asesinadas a causa del feminicidio; como lo son las cientos de mujeres secuestradas por las redes de trata y narcotráfico; como lo son las miles de personas que no tienen acceso a una vivienda y trabajo digno en nuestro país; como lo son los miles de jóvenes sumergidos en el denominado crimen organizado, entre tantos hechos que podemos nombrar. Estos tienen que ser los temas de agenda para que el país empiece a avanzar en un sentido positivo, en generar políticas que trasciendan en el tiempo, y para no tener que vivir más casos como los ya mencionados.

Nos parece importante en esta fecha recordar y no olvidar a aquellos jóvenes desaparecidos aquella noche de 1976. Por otro lado, este día nos tiene que hacer reflexionar para afianzar la democracia, el respeto por las instituciones y para consolidar, cada vez más, valores como la Justicia y la Memoria. Justicia para que todos los culpables militares y civiles de la última dictadura paguen por lo que hicieron, para que toda la corrupción de los 90 hasta ahora sea sepultada en la cárcel y no insólitamente absuelta, como lo fue el ex Presidente Carlos Menem en el día de ayer. Memoria para no olvidar no solo lo que pasó en último golpe, sino para no repetir recetas pasadas que llevan al derrumbe institucional de nuestro país. En palabras de Eduardo Galeano en su Libro de los Abrazos, “Recordar: (del latín re-cordis) volver a pasar por el corazón”, para que Nunca Más pasemos situaciones como estas en nuestro país.

Políticas sociales pensadas desde los derechos y con ciudadanos participando

Carlos Nivio, Diputado Provincial y Secretario General del Socialismo Bonaerense, presentó un proyecto de Ley creando el Programa de Fortalecimiento de las instituciones de la Sociedad Civil y de Promoción de los Derechos. Tiene por objeto coordinar acciones para impulsar el afianzamiento de las organizaciones de la comunidad y la promoción de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El Programa promueve la participación en los espacios institucionales a través de las organizaciones intermedias, garantizando su capacidad de gestión, organización, gerenciamiento y mejorando las estrategias de negociación con el Estado. Crea, además, una instancia de reflexión y formación permanente sobre las dimensiones de la ciudadanía vinculadas a la promoción de sus derechos.

El Estado debe contar con programas que busquen lograr la redefinición de los perfiles y las capacidades de las Instituciones Intermedias, Organizaciones Populares y Organizaciones No Gubernamentales con personería jurídica o reconocimiento municipal, que se verán así potenciadas en su capacidad de construir y canalizar las demandas que se producen en la sociedad y establecer nuevos parámetros en su relación con el Estado y los sectores de poder.

También debe plantearse, como forma de luchar contra la pobreza y las distintas variantes con que se presenta la desigualdad social, el desarrollo de un modelo de ciudadanía que recupere la centralidad de los derechos, la solidaridad y, por sobre todo, la construcción de formas más inclusivas de organización social.

Este desafío implica transformar el modo de pensar las políticas sociales, que solo es posible si se logra un corrimiento de la lógica de la planificación social desde las necesidades a los derechos, y el punto de partida es reinstalar en la sociedad este debate.

Fortalecer las organizaciones sociales para mejorar la ciudadanía

El reinicio de la democracia encontró instituciones debilitadas y atravesadas por modelos de gestión centralizados, no participativos. La profundización del modelo económico favoreció el individualismo, la fragmentación y la adopción de criterios propios del mercado en la vida social, asfixiando toda práctica participativa y solidaria, erosionando la capacidad de respuesta y transformación de las instituciones, que intensificaron sus demandas al Estado u otros actores, aún a costa de la pérdida de su autonomía.

Por otra parte, las políticas sociales llevadas adelante por el gobierno de la provincia de Buenos Aires no contienen programas específicos de fortalecimiento de las organizaciones sociales ni de promoción de los derechos. Más aún, en el proceso de implementación de algunos proyectos se tiende a competir y debilitar a las organizaciones existentes, no quedando claro en muchos casos, los límites entre la acción del Estado y de las organizaciones de base.

El objetivo es no contentarnos con un amplio dispositivo de asistencia, sino propender a lograr la integración a través de la participación de todos en la vida social, considerando a los sujetos como ciudadanos activos y no pasivos de la asistencia creando obligaciones mutuas.