La Legislatura provincial aprobó cuatro importantes proyectos de Carlos Nivio

En la sesión del 23 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó cuatro proyectos presentados por el legislador socialista Carlos Nivio: Servicio Público a la Telefonía Móvil, Informe sobre el Puerto Mar del Plata, Informe sobre educación y Escuela Stábile a posesión del Estado provincial.

Respecto de la telefonía móvil, se aprobó que sea declarada "servicio público" (en concordancia al proyecto presentado por el Senador Nacional y Presidente del Partido Socialista Rubén Giustiniani), en todas sus modalidades, de conformidad con el artículo 42º de la Constitución Nacional, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas justas y razonables, generando credibilidad y acotando la discrecionalidad de los agentes reguladores con instrumentos de monitoreo y sanción suficientes.

Con referencia al pedido de informes sobre el Puerto Mar del Plata, se aprobó que se indague en materia de espacios, infraestructura, equipamiento y servicios, como consecuencia del desarrollo de la región a la que sirve. Cada vez son más los sectores fiscales cedidos para emprendimientos privados no portuarios, y no se advierten actitudes de las autoridades competentes para contar con una estación marítima acorde al rol que cumplen los puertos en el mundo.

El pedido de informes sobre educación aprueba que se responda sobre programas para alcanzar los objetivos de la ley 13.688; obligatoriedad escolar y jornada extendida; nombramiento de docentes por cargos; ausentismo; gabinetes informáticos; comedores escolares; capacitación docente y no docente; compromiso con la calidad de vida y el medio ambiente; causas de violencia en las escuelas; entre otros puntos, a más de cuatro años de haber adherido la provincia a la legislación nacional en materia educativa.

En el caso de la Escuela de Disminuidos Visuales de la Fundación Martino Stábile, de la ciudad de Mar del Plata, se aprobó que el Estado provincial accione para tomar posesión del establecimiento donde realizaba sus actividades esta escuela, a efectos de dar continuidad a su funcionamiento y dada la disolución de esa entidad cuyo estatuto estableció la donación final del inmueble a la Provincia de Buenos Aires.

La palabra de Nivio

Consideramos muy importantes las aprobaciones logradas en la Legislatura.

En el caso de la telefonía móvil por la indefensión de los usuarios ante los abusos de los prestadores del servicio, debiendo el Estado mediar para garantizar equidad en una relación de fuerzas desigual.

En el caso del Puerto Mar del Plata, dado que el criterio de estación marítima multipropósito y poli-funcional con que fue creado implicaba la responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo futuro del país y la región, y últimamente parece ocurrir todo lo contrario.

Para el sistema educativo bonaerense, distintos estudios demuestran su deterioro, agregándose los reclamos de alumnos, docentes y padres. Para los Socialistas la lucha por la libertad y la igualdad, y el futuro de la sociedad, son inconcebibles sin educación.

En el mismo sentido, sería lamentable que la Escuela Stábile no pudiese seguir funcionando por trabas burocráticas o inacción respecto de lo que el Estado debería defender, siendo importante esta aprobación para que ello no ocurra.

Si te maltrata no te quiere!! Día Internacional de la NO VIOLENCIA contra la mujer

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Se han venido estableciendo marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales para la prevención, erradicación y sanción de las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas, reconocemos los esfuerzos generalizados y cada vez mayores que se realizan para hacer frente a esta problemática, sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de las normas, pautas y políticas jurídicas, siguen siendo insuficientes.

Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas de todo el mundo proporcionan pruebas escalofriantes. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.

En marzo de 2010 con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresaba “que la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad de la que todos deberíamos avergonzarnos. En particular, la violencia sexual durante los conflictos es un fenómeno generalizado. El Consejo de Seguridad aprobó durante 2009 dos enérgicas resoluciones sobre esta cuestión y se nombró un representante especial para que movilice a la comunidad internacional en contra de estos crímenes. La campaña “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” y la Red de hombres líderes establecida recientemente están tratando de ampliar nuestras actividades de promoción a nivel mundial.”

Por su parte la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, declaro que la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “nos recuerda las proporciones epidémicas que está cobrando este problema” de “nefastas consecuencias para la salud y el bienestar personales de las mujeres, así como para el desarrollo social y económico en general”. La violencia contra las mujeres constituye “violación de sus derechos y libertades fundamentales”.

Argentina no escapa a esta cuestión. Durante los primeros 6 meses de este año hay un total de 51 mujeres reflejando un incremento del 59,3% con respecto al 2010. Aunque todavía no hay datos actualizados, desde ningún lugar del Estado se ayuda a erradicar uno de las problemáticas más anacrónicas que sufren muchas mujeres. Un dato para tener en cuenta es que según la Organización destinada a Proteger la Vida y la Salud Integral de las Mujeres, IPAS, Martha María Blandón, señala que aunque la violencia de género y por tanto el feminicidio trasciende las clases sociales, la situación de pobreza lleva a mayores niveles de desesperación y angustia. El otro dato que también tenemos que tener en cuenta es el que nos brinda Red de Mujeres, también señala que aunque la mayoría de las mujeres asesinadas realizaban actividades que le permitían obtener cierta remuneración económica, esto las hacía más propensas al maltrato.

Estos dos datos nos deja como conclusión que sin una lucha contra la pobreza extrema que eleve el estado de bienestar de los sectores populares de la Argentina, y sin una legislación que aborde la problemática más la voluntad política del gobierno en llevar las leyes a la práctica, la violencia de género va a seguir existiendo.

Por eso, un mejor país no se dará nunca con una mujer que sufre la violencia de una sociedad machista. Como Socialistas es innegable nuestro deber y compromiso en defender a las mujeres de todo tipo de violencia que sufra por esta sociedad patriarcal que quedo anacrónica en el tiempo, pero que lamentablemente siguen sufriendo. Marchar hacia una sociedad donde no haya violencia contra las mujeres hará que vivamos en un país más justo e igualitario, en que de una vez por todas comprendamos que la Mujer del presente es parte indispensable en la construcción del nuevo tiempo.

Resolución pública del Comité Americano de la IUSY en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica

El Comité Americano de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) reunido entre los días 18 y 20 de noviembre de 2011 en la ciudad de Rio de Janeiro, en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica resuelve:

1. Respaldar las reivindicaciones de los movimientos sociales que están ocurriendo en Latinoamérica, referidos a la defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, que en su pragmatismo coloca el entendimiento de la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo social en nuestros países con aspiraciones progresistas.

2. La IUSY tiene la convicción de que existe una relación indivisible entre el estado y la educación, pues ésta corresponde a un derecho esencial e inalienable donde el estado debe asegurar el libre acceso y la permanencia en el sistema educativo, al servicio del desarrollo de nuestras sociedades y asegurando políticas que reivindiquen el estado de bienestar.

3. Rechazamos aquellos modelos de educación basados en el lucro y en la especulación, y no en la generación y transferencia de conocimiento ya que generan un acentuado desequilibrio en el concepto de igualdad y justicia social.

4. La IUSY manifiesta su compromiso con los beneficios de la libertad y la ampliación de los espacios de igualdad creciente, pues nos enrolan en la bandera de la ética de la solidaridad y fraternidad.

5. Las organizaciones miembros se comprometen en analizar brevemente el sistema educacional en cada uno de sus países a fin de visualizar las problemáticas que el sistema puede arrojar en el mediano o largo plazo, esto último con el objetivo de entregar una visión conjunta del significado real que tiene la educación en nuestras organizaciones progresistas y los cambios radicales que por intermedio de ello puedan aportar a la igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad entre los jóvenes.

Las organizaciones abajo firmantes apoyan la presente resolución:

· Juventudes Liberales – Colombia

· Juventud Radical – Chile

· Juventud Partido por la Democracia – Chile

· Juventud Socialista – Chile

· Juventud Socialista – Uruguay

· Juventud Nuevo Espacio- Uruguay

· Juventud Unión Cívica Radical – Argentina

· Juventud Socialista – Argentina

· Juventud Socialista – España

· Juventud Revolución Democrática – México

· Juventud Izquierda Democrática – Ecuador

· Juventud Partido de los Trabajadores – Brasil

· Juventud Acción Democrática – Venezuela

· Juventud País Solidario – Paraguay

Y otras firmantes.

Nota: Declaración de IUSY por una defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, proposición presentada por las Juventudes Liberales de Colombia, el PPD y la Juventud Radical de Chile.

Telefonía móvil como Servicio Público

De conformidad con la Constitución Nacional -que prevé en su art. 42º la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos- el legislador bonaerense socialista Carlos Nivio reclama (en coincidencia con la Ley presentada por, el Presidente del Partido Socialista, Giustiniani en el Senado) que la telefonía móvil sea declarada servicio público en nuestra provincia, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y de las Defensorías del Pueblo.

Se debe contar con una legislación transparente y un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información, a efectos de actuar con independencia, ya que cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios.

El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras y la protección de los derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios, constituyen competencias primordiales que deben ser asignadas al Ente Regulador, dado que este no es un árbitro entre dos partes iguales, sino que existe una notoria desigualdad entre los dos sujetos -empresas y usuarios- entre los que el Estado debe mediar.

Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste -por ejemplo- en mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad de servicios prestados por los diversos operadores, integrando a los ciudadanos al proceso regulatorio (mecanismo que también prevé la Constitución, en el reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existentes entre usuarios y empresas), asegurando su legitimidad.

Los mecanismo regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un marco legal que provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. La telefonía móvil debe ser un servicio público como lo son los teléfonos fijos.

Otros datos...

En los últimos años el uso de la telefonía móvil ha tenido un crecimiento muy significativo, hasta reemplazando a veces a la telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones (cerca de 93 por cada 100 habitantes). La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio que incluya también la regulación de las tarifas.

Existen datos fundamentales para la regulación de los servicios públicos que son de difícil observación por lo que la legislación debe crear un Ente Regulador y obligar a la empresa prestataria a brindarle toda la información que necesite para un cumplimiento adecuado a sus funciones.

En la Audiencia Pública en que se discutió el proyecto de Giustiniani, una de las conclusiones fue la necesidad de que el Estado intervenga en la regulación de este mercado, al que se calificó de oligopolio, ya que los usuarios son víctimas de abusos constantes de las empresas. Por ejemplo, el minuto prepago cuesta el doble en comparación con el abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menores recursos y los jóvenes.

El Congreso debería dictar también una Ley Orgánica sobre marcos regulatorios que homogenice reglas generales y que ninguno de los marcos específicos pueda desconocer.

Dos proyectos para dar respuesta a la demanda habitacional

Carlos Nivio, Diputado Provincial Socialista, presentó dos iniciativas para aportar a la resolución del problema habitacional de la provincia con transparencia, equidad y continuidad.

Por un lado el Régimen de Asignación de los Recursos Provenientes del Sistema Federal de Vivienda, para garantizar un claro mecanismo de distribución de los fondos a los Municipios, acorde a los niveles de coparticipación de cada uno. Los gobiernos municipales evaluarán sus necesidades habitacionales y elaborarán sus programas de acción en función de ellas y al cupo de recursos asignados. Esta propuesta deberá encuadrarse en la Política de Vivienda delineada por el Gobierno provincial y los Municipios deberán descentralizar a su vez, como mínimo, un 50% de sus fondos a Entidades Intermedias.

Se debe tender al funcionamiento de un sistema de programación y gestión habitacional de carácter abierto, producto de una acción coordinada de los niveles públicos nacionales, provinciales y municipales, así como del sector privado involucrado, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, entre otras. Significará una distribución más equitativa de los recursos y transparencia en su manejo, el ciudadano participará en la gestión de su hábitat, garantizando el control social sobre las adjudicaciones y se asegurará que los programas respondan a necesidades reales posibilitando diseños y tecnologías adecuadas y optimizando el uso de los recursos.

Por otro lado el Régimen de Registro, Orgnaización y Adjudicación de la Demanda Habitacional para la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de contar con un sistema único que brinde información actualizada y articule la demanda canalizada a través de los Municipios, promoviendo programas ajustados a las necesidades y mecanismos claros de adjudicación.

El Estado provincial y los Municipios deben promover la organización de la demanda habitacional, tanto la dispersa como la organizada en Entidades Intermedias, debiendo normarse los criterios y procedimientos para la adjudicación de los distintos planes. Siendo la oferta de soluciones que puede aportar el Gobierno provincial muy inferior a la demanda, debemos garantizar mecanismos transparentes de selección que aseguren equidad a todos los solicitantes.

Algunos datos...

El Tercer Seminario Iberoamericano para el Hábitat Popular informaba que, en la Argentina, el déficit habitacional afectaba a más de 3 millones y medio de familias, de las cuales un tercio requería acceder a una vivienda y los dos tercios restantes mejorar su situación habitacional, generando una necesidad de más de 2,5 millones de nuevas unidades.

Más recientemente se informaba que, a pesar que las cifras oficiales del gobierno nacional indicaban haberse contruido 400 mil viviendas en los últimos años, solo en la provincia de Buenos Aires existiría un déficit de 600 mil unidades. Otras fuentes estiman que realmente la necesidad de soluciones habitacionales en nuestro distrito alcanzaría a cerca de 2 millones.

El problerma de la vivienda es, sin duda, una de las insatisfacciones más sentidas por nuestra sociedad.

Si bien desde el Poder Ejecutivo provincial existen experiencias en este sentido, creemos que éstas deben institucionalizarse y garantizar su continuidad, más allá de las distintas administraciones provinciales y adoptando -conjuntamente con los municipios- el rol de facilitador de soluciones habitacionales y no el de proveedor de viviendas.

La lucha por el derecho al aborto en la construcción de ciudadanía

Por Elsa Schvartzman (*)

Un Estado laico debe tener políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; políticas públicas que defiendan los Derechos Humanos para las mujeres, y por tanto no puede seguir soslayando el derecho al aborto seguro, con el mismo grado de garantías que los demás derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

La historia de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina tiene décadas, con momentos de diferente reconocimiento, amplitud o encierro en los núcleos más duros de la resistencia feminista. Esto implicó mayor o menor articulación e integración con nuevos actores. Las mujeres en la demanda del aborto legal, unificando voces, salen de una decisión individual de resistir al orden establecido hacia una lucha que las constituye como sujeto de derechos, con posibilidad de exigencia.

Con la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se ha dado fuerza y visibilidad al trabajo histórico contra la opresión que se viene realizando con las distintas acciones de cada sector involucrado. Esta articulación, también desde la pertenencia, ha logrado posicionarnos en el debate público como interlocutoras válidas y dialogar con los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con los movimientos sociales, los partidos políticos, los efectores de salud, las universidades. Fue convirtiéndose en un actor social cada vez más convocado y reconocido. Insoslayable en la toma de posición, en la recuperación de la historia y conquista de nuevos derechos y en la exigencia del cumplimiento de los abortos considerados legales por la normativa existente.

En 2005 en la declaración inaugural dijimos: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”. Desde entonces, hace seis años, es asumida y sostenida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones de todo el país y numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, movimientos sociales, de derechos humanos, académicos y científicos, estudiantiles, campesinos y de educación, trabajadores y desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas. Articula acciones comprometidas en la defensa de la integralidad de los derechos humanos, y el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y legalizar el aborto. Nos apoyamos en la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos de todas las personas, sólo garantizados por el acceso universal a los servicios públicos que los sostienen.

Nuestro lema –así como nuestro trabajo de años– es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones legales y en los sistemas de educación, salud y también, por supuesto, profundos cambios culturales. No aceptamos más la hipocresía del ocultamiento fundamentado en una supuesta inmadurez que invalida la posibilidad de lucha, apropiación y cumplimiento de nuestros derechos. Un logro que ya contabilizamos es el reconocimiento de que “la sociedad está madura”: el derecho al aborto es un tema de debate.

En el documento fundante se establece la defensa del derecho al aborto como una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. Esto exige el mismo grado de garantías del Estado para que se efectivice el derecho al aborto en simultaneidad con los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

También requiere la plena vigencia de un Estado laico que no imponga reglas desde una teología moral, y que ejecute políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; que descansa en la soberanía popular y no en un poder emanado de creencias religiosas, que legisla en nombre de dios y de lo supuestamente sagrado.

En 2007 sintetizamos y expusimos nuestros argumentos en un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo donde se establece principalmente la despenalización y legalización del aborto voluntario, es decir por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y fuera de este plazo en casos de violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves (ver http://www.abortolegal.com.ar).

Construimos un fuerte apoyo en un sector de la sociedad y de parte de amplios movimientos sociales y políticos, así mismo en el tratamiento público en algunos medios de comunicación y la adhesión de referentes del arte y la cultura.

En abril de 2010 fue presentado por tercera vez en la Cámara de Diputados ahora con 50 firmas de todos los bloques. El 30 de noviembre por primera vez se convoca a una audiencia desde una comisión, la de Asuntos Penales presidida por el diputado Vega. Fue invitada Marianne Mollman de Human Rights Watch. El 13 de julio participa en una nueva jornada Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Como Campaña, seguimos luchando para lograr el debate y aprobación en el Congreso Nacional de nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva.

* Socióloga. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nota escrita para “La Vanguardia” del mes de Agosto de 2011, periódico fundado por Juan B. Justo en 1892. Órgano oficial del Partido Socialista.