El Senador Nacional y Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani presentó en la Cámara alta un proyecto para declarar a la telefonía móvil como “servicio público”. Este Proyecto implica para los usuarios que las empresas no puedan aumentar los precios “cómo y cuándo quieran” y para solucionar las quejas, que llevan el puesto número uno en el ranking de reclamos.
Giustiniani dijo que “La creciente cantidad de líneas de celulares —alrededor de 45 millones contra 8 millones de líneas fijas — hace necesaria la creación de un marco regulatorio y de un Ente Regulador que permite dotar a los usuarios de mayores derechos y garantías, y así dar respuesta a los incesantes reclamos vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servido como a problemas de facturación”. Y termina agregando “avanzaríamos en la fijación de tarifas razonables, ya que actualmente las empresas prestadoras poseen libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora de establecer tarifas”.
El Proyecto…El Proyecto de Ley fue presentado por Giustiniani en una de las últimas sesiones del Senado de la Nación de este año. El proyecto se basa en la creciente demanda de líneas de teléfonos celulares, que según el informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) hay entre 35 y 37 millones de líneas de celulares en efectivo funcionamiento. Ósea, que sí se estima estas cifras, estaríamos alrededor de 93 celulares cada 100 habitantes. Entonces este tipo de tecnología ha dejado de ser un bien de lujo, y ahora es usado en forma genérica independientemente del ingreso del nivel de ingreso de las y los usuarios.Con estos datos se demuestra la masividad que ha alcanzado este servicio, y hace necesario la creación de un marco regulatorio que no solo regule las tarifas, sino que dote a las y los usuarios de mayores derechos y garantías que den respuesta a sus reclamos. Hoy en día, sin la existencia de un marco regulatorio deja a las empresas de la telefonía móvil una libertad de maniobras a la hora de establecer las tarifas, sin que el Estado pueda intervenir en los precios y calidad de servicio.Este Marco Regulatorio no solo se basa en este “sentido común” de precios y calidad de servicio para las y los usuarios, sino que también en el artículo 42 de la Constitución Nacional en donde se prevé la existencia de marcos regulatorios sancionados por el Congreso de la Nación. Estos son una herramienta fundamental para el Estado para fijar deberes, derechos y obligaciones para las empresas que presten servicios públicos. Estas definiciones claras y concisas de las reglas de juego elaboradas con amplia mayoría de los poderes públicos y de la ciudadanía, aprobadas por el Congreso de la Nación, constituyen una necesidad fundamental para la experiencia de nuestro país.El control lo tiene que realizar, en conjunto al Estado, un Ente Regulador que vigile el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras del servicio y, que a su vez, proteja los derechos de las y los usuarios. Pero la función de este Organismo no debe quedar solamente ahí, sino que también debe ser árbitro entre las dos partes (usuarios y empresa), ya que hoy en día hay una notoria y avanzada desigualdad entre ambas partes: las empresas cuentan con información, recursos técnicos, materiales, económicos y, por sobre todo, de una organización que les permite un acceso directo a las instancias de decisión. Del otro lado, están las y los usuarios que forman un mundo heterogéneo y disperso, con menores posibilidades de encontrar la información y bajo condiciones contractuales desconocidas. Es por eso que el diseño institucional tiene que estar creado para defender al usuario y brindar información concreta, al Estado y la sociedad, y fehaciente acerca del comportamiento de las empresas y los instrumentos legales-fiscales para que se regule de manera efectiva los compromisos asumidos.El boceto de este Ente Regulador debe estar creado bajo la base de la independencia política, empresarial y legitimidad democrática; a su vez con la debida preparación técnica para seguir adelante.Estamos convencidos que un Ente Regulador elevaría la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones ya que la misma Constitución Nacional da la posibilidad de que las y los usuarios integren, participen y sean representados en los entes reguladores. Por otro lado, la información brindada por este organismo hará que las y los usuarios estén diariamente informados de los distintos acontecimientos.El Proyecto de Ley presentado por Rubén Giustiniani prevé la participación directa de las y los ciudadanos mediante las Audiencias Públicas las cuales terminan siendo un mecanismo fundamental para la toma de decisiones en las políticas públicas en materia de regulación. Sin duda, esto contribuye a mayor y mejor participación entre las y los usuarios y el sector público, y por otro lado le da legitimación al sistema regulatorio.En los tiempos de hoy, la mejor manera de resguardar los derechos del consumidor es mediante Organismos como este, los cuales garanticen un mayor control del mercado para que no siga avanzando a niveles irreales de lo que da el “bolsillo del pueblo”.Como Socialistas, estamos totalmente convencidos de que el acceso a la información pública, la participación popular en los ámbitos de decisión tienen que ser parte de un nuevo Estado, él cual garantice mayor transparencia, participación, justicia e igualdad.
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Como todos los años, la Juventud del Partido Socialista realiza los campamentos nacionales conocidos como “Enero”. En esta ocasión nos toca viajar a la costa atlántica, más precisamente en la ciudad de Necochea. Esta ciudad recibirá a más de 1400 jóvenes, las y los cuales compartiremos debates, talleres, actividades solidarias y momentos de diversión.Cabe destacar que el campamento lo organiza la Juventud Socialista y que ésta se financia sola, osea sin ningún “aparato” político, ni sacando fondos del Estado. Sino que se hace a través del esfuerzo de todas y todos durante el año, ya que salimos a vender empanadas, rifas, hacemos cenas o almuerzos, bonos contribución, etc.Creemos que este año es particular para el Socialismo sino porque cada vez venimos creciendo más a nivel Nacional y las elecciones van a consolidar un trabajo de años.Este año el campamento tiene un costo de $500 e incluye: comida, estadía del camping y los viajes de ida y vuelta.Este Campamento será el número 22. Los campamentos empezaron en el año ’90 que se realizó en Villa Rumipal (Córdoba), en el ’91 en los Palmares de Colón (Entre Ríos), en el ’92 en Mar Chiquita (Buenos Aires), en el ’93 en San Agustín del Valle Fértil (San Juan), en el ’94 en Bariloche (Río Negro), en el ’95 en Campo Quijano (Salta), en el ’96 en Viedma (Río Negro), en el ’97 en Puerto Rico (Misiones), en el ’98 en Pehuen-Có (Buenos Aires), en el ’99 –y para conmemorar el 10º aniversario de los Eneros-, se volvió a realizar en Villa Rumipal, en el 2000 en Amaicha del Valle (Tucumán), en el 2001 en Tunuyán (Mendoza), en el 2002 en Arroyo Urquiza (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), en el 2003 en Arenas Verdes (Necochea, Buenos Aires), en el 2004 en Carcarañá (Santa Fe), 2005 Camping la Toma Vieja de Paraná (Entre Ríos), 2006 Camping “La Florida” en Trapiche (San Luis), 2007 en Rincón (Santa Fe), en 2008 Camping Comunal de Romang (Santa Fe), en 2009 en Cafayate (Salta), en 2010 en Jesús María (Córdoba) y en el 2011 en la ciudad de Necochea.
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En la última semana hemos visto en los distintos medios de comunicación han trasmitido los distintos hechos de violencia entre argentinos y argentinas, los Gobiernos tanto de la Capital Federal como el Nacional que no actuaron a tiempo, cosa que costó que personas murieran.
Entonces, lo principal es marcar la causa de lo que ha sucedido en Villa Soldati. Lo trascendental, como muchos medios no han querido marcar en este debate, es la pobreza, la indigencia, la falta de viviendas. Lo principal, también, es marcar el rechazo a la violencia, este es el espíritu de los Socialistas en Argentina; y esto lo decimos por distintas consideraciones que se han vertido en el debate. El rechazo a la violencia es muy importante y tiene dos cuestiones; en primer lugar está el rechazo a la violencia en la metodología de la protesta: hay una causa, que son las necesidades, y hay una consecuencia, que es la protesta social. Y la protesta social no debe criminalizarse ni debe judicializarse; pero la metodología de la protesta social es un tema muy importante que ha que analizar. En segundo lugar está el rechazo de la violencia en cuanto abordaje que el Estado hace acerca de la protesta social. Por ello, queremos rechazar la violencia del Estado en cuanto al abordaje de la protesta social.
El debate no entra, ni tiene que entrar, en caminos tramposos que se plantearon en este debate cuando estalla la violencia en Villa Soldati; y un camino tramposo es el tema de la migración. La causa de lo que ha pasado en Villa Soldati es la pobreza, es la necesidad, eso es lo principal. Si no entendemos esto, vamos a tomar el camino equivocado a la hora de abordar este hecho político fundamental en el país que tuvo lugar durante toda esta semana.
Por eso, tenemos que tomar el camino principal, que es el combate a la pobreza y a la indigencia; con una metodología, que es el consenso, el diálogo y el acuerdo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. La peor expresión de lo que vimos en Villa Soldati esta semana fue la impotencia de la política cuando desde un lado a otro se tiraron las responsabilidades. Eso fue lo peor, no afrontar los problemas.
Entonces, tenemos que reflexionar por qué hemos llegado a este punto en que estamos. Desde los trágicos sucesos de 2001, que produjeron 30 muertos en la República Argentina por la represión de la protesta social, y los asesinatos de Kosteki y Santillán en Avellaneda en el 2002, solamente tuvimos a Luis Cuellar en Jujuy en 2003, a Carlos Fuentealba, docente de Neuquén, en 2007; Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo en Mendoza, en 2008. Pero lo cierto es que vamos a cerrar 2010 como el año más trágico desde 2001, porque tenemos nueve muertos producto de la protesta social: Facundo Vargas, en Talar de Pacheco, durante una protesta contra el gatillo fácil el 16 de enero; Nicolás Carrasco, en Bariloche, durante una protesta contra el gatillo fácil el 28 de junio; Sergio Cárdenas, en Bariloche, también en la misma protesta; Roberto López y Sixto Gómez de los pueblos originarios, en Formosa, el 23 de noviembre; Mariano Ferreyra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la protesta de los trabajadores tercerizados del ferrocarril el 20 de octubre; Bernardo Salgueiro, 24 años, en la toma del Parque Indoamericano el 9 diciembre; Rosmary Puña, 28 años, durante la toma del Parque Indoamericano; Juan Castañares Quispe, inmigrante boliviano.
Queremos llamar la atención por esta realidad. En este caso, no son niños que han muerto por desnutrición; no son los muertos argentinos por la inseguridad en la República Argentina. Son muertos por la represión de la protesta social. Este es el tema que hay que debatir por los sucesos de Villa Soldati. No es otro tema.
Hoy en día, lo más importante es que lleguemos a un consenso acerca de los caminos para abordar el problema de la pobreza y de la indigencia en la República Argentina. Vamos a seguir insistiendo, porque estamos absolutamente convencidos de que no hay combate a la pobreza extrema, en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, si no se limita la riqueza extrema. Riqueza extrema y pobreza extrema son dos caras de la misma moneda; y si no abordamos las políticas tributarias en la Argentina, no va a haber combate efectivo de la pobreza. La agenda pendiente sigue siendo la reforma tributaria en la República Argentina.
Asimismo, hay que mejorar las políticas sociales. Es insuficiente la Asignación Universal por Hijo, así como también los planes de vivienda vigentes. En democracia, tenemos que empezar a caminar hacia un país más justo. Porque de lo contrario, no se explica en ocho años de crecimiento sostenido de la economía, donde el superávit comercial de 2003 a 2010 fue de 100 mil millones de dólares, ¿Quién se apropió de esa renta extraordinaria de estos años en la República Argentina? Tampoco se explica por qué tenemos tanta dificultad para encontrar los recursos entre Nación, provincias y municipios para políticas sociales efectivas para el combate contra la pobreza. Esto es lo que está en debate en la República Argentina.
Por eso, siempre tenemos que rechazar la violencia. El único camino es la paz; la vía es la metodología pacífica que debe tener tanto la protesta social como el abordaje del Estado hacia el tratamiento de la protesta social. Porque de lo contrario, vamos a seguir lamentando muertos en la Argentina. Hoy manifestamos el rechazo a la violencia, el pesar por las muertes ocurridas, el reclamo por las responsabilidades; y esperamos el acuerdo de los distintos niveles del Estado como paso para establecer un camino de política sociales que den una respuesta concreta a la pobreza, a la indigencia y a la falta de viviendas en la Argentina, para hacer un país más justo, igualitario y solidario.
Rubén Giustiniani, el mejor Senador del año.
El legislador socialista Rubén Giustiniani fue electo como el senador nacional más laborioso de 2010. El senador nacional y presidente del PS, obtuvo el primer lugar en el ranking de legisladores más laboriosos que otorga la revista especializada “Semanario Parlamentario”.
El viernes 3 de diciembre, Giustiniani fue premiado como el mejor Senador Nacional del año por “Parlamentario”. Cabe destacar, que este medio escrito es el único medio especializado que semanalmente refleja la actividad legislativa a nivel nacional, y cada año realiza una encuesta entre periodistas legislativos, personal de ambas cámaras, asesores y los propios senadores y diputados, para elegir a los legisladores más laboriosos.
En esta oportunidad, 523 personas votaron la encuesta, que en el Senado le otorgó 336 votos -récord absoluto- al santafesino Rubén Giustiniani, Presidente del Partido Socialista. El segundo lugar fue para la salteña Sonia Escudero, que obtuvo 290 votos.
A nosotros, como Jóvenes Socialistas nos enorgullece tener a un militante y compañero como Rubén Giustiniani en nuestras filas, ya que con su trabajo diario demuestra como el trabajo coherente y honesto a la larga tiene sus frutos. Desde ya, por este medio queremos hacerle llegar nuestras felicitaciones.
La mayor cantidad de divisas que entran al país son las originadas por la exportación de la soja y sus derivados. El gran problema es que la mayoría de ese dinero que en un puñado de multinacionales y, otro tanto para los grandes productores argentinos. Un modelo de desarrollo impuesto desde afuera y que poco tiene que ver con las necesidades internas. Tanto es así que la imagen de la pampa en la que pastorean las vacas o las ovejas ya forman parte de un pasado melancólico. De allí que muchos eligen las islas del delta del Paraná para inventar una nueva pampa arrasando mediante el fuego toda la vegetación originaria. La industrialización de la soja avanza y se lleva puesta la vieja llanura y la biodiversidad que alguna vez caracterizara a la Argentina.Pero no solamente se lleva puesta la naturaleza, sino también la vida de las y los trabajadores.Alguna vez se ha comentado el efecto de los plaguicidas sobre los chicos banderas, aquellas y aquellos pibes que usaban sus cuerpos como señaladores para que los aviones rociaran el campo con productos químicos altamente tóxicos. Vidas rematas por centavos en el altar del dios de la rentabilidad sojera.Ahora también aparecen otros cuerpos estragados: los cuerpos de los camioneros, los que supuestamente están defendidos por el gremio más poderoso del país, corazón de la vieja CGT.Pero no hay palabras de los líderes obreros tradicionales y muy afines al Gobierno Nacional con respecto a los camioneros que mueren por efecto de la intoxicación luego de usar al propio vehículo como silo adelante.Las noticias aparecen en las secciones policiales de la provincias de también en el país y Santa Fe en la cual están asentadas gran parte de las compañías internacionales.Dice la información que “un camionero que transportaba soja murió (en estos últimos días), y una cantidad no precisa de estos trabajadores habría fallecido en los últimos años por intoxicación con pesticidas”, según denuncias de la Federación de Transportadores Rurales Argentinas y de entidades ambientalistas. Las muertes se habrían producido porque, para abaratar costos, en vez de bajar la carga para fumigarla, se aplica el tóxico en el interior del camión. “La Federación responsabiliza a las firmas exportadoras, entre ellas Cargil, Louis Dreyfus, Bunge & Born, Nidera, Toepfer y Termina 6. El representante de una identidad ambiental agregó que el procedimiento de echar el tóxico adentro del camión es de uso generalizado en puertos de exportación, incuso en Quequén y Bahía Blanca” sostienen los medios de comunicación.La vida de los camioneros no vale nada para las multinacionales, y por lo visto para sindicatos como la CGT tampoco.Para estas corporaciones y empresarios, lo único que tiene valor es la soja y sus derivados.Cargil, por ejemplo, facturó durante 2008 19.700 millones de pesos; es decir, 39 mil pesos cada setenta segundos. Bunge, más de 18 mil pesos por minuto; Dreyfus también; la Aceitera General Deheza más de 16 mil pesos facturados cada sesenta segundos y Noble más de 5.600 pesos por minuto.Ese es el valor ante el cual la vida de un camionero o cualquiera de sus trabajadores no vale nada.En el altar de la soja, son inmolados los viejos campos ubérrimos y las vidas de las y los trabajadores, tanto chicos como grandes.Todo sea por la balanza de pagos, la seguridad jurídica, la inserción argentina en el mundo, las inversiones y demás mentiras que solamente garantizan la impunidad del dinero para mantener un sistema económico que está llegando a su fin. Del otro lado, la vida de las mayorías que, como siempre, esperan una nueva oportunidad de respeto en estos arrabales del mundo.
El Diputado Socialista Miguel Barrios presentó una iniciativa por la cual se despenaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. La medida se sostiene en dos ejes: por un lado el respeto a la privacidad, y por el otro concentrar la acción represiva en los narcotraficantes y no en los usuarios de drogas.
El proyecto fue presentado el 4 de noviembre de 2010, y lleva el número de expediente D-7990-2010. Fue acompañado por todo el bloque del Partido Socialista. La iniciativa apunta a no castigar a los adictos, para que la Justicia se pueda concentrar en los narcotraficantes. Para ello se incorporan párrafos en la Ley 23.737, en los que se establece que en las penas vigentes en cada caso previsto, los hechos no serán punibles cuando surja inequívocamente que están destinados al consumo personal.Entre los fundamentos, se cita el fallo de agosto del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14º, segundo párrafo, de la Ley 23.737, y exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país.Este fallo insiste en la necesidad de abordar en el Congreso de la Nación la modificación de la normativa vigente en nuestro país en relación a la tenencia, suministro y tráfico de estupefacientes, de modo de sancionar un instrumento eficaz para operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad vinculadas al comercio de estupefacientes, respetuosa a la vez del libre ejercicio y goce de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.El proyecto del Partido Socialista mantiene la posición que sustentara el entonces diputado Guillermo Estévez Boero el 29 de marzo de 1989, y ratificada años después en el Expediente 0884-D-05 presentado por el bloque socialista en el año 2005.Por un lado, el proyecto desarrolla en sus fundamentos la decisión de la Corte de que la penalización de la tenencia para consumo conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal. Esa es la razón por la cual se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.Por otro lado, se expresa la magnitud del problema de la droga en Argentina y la necesidad de un cambio de paradigma sobre cómo afrontarlo. Y en ese aspecto se muestra cómo se han concentrado los esfuerzos represivos del Estado sobre la población de usuarios de drogas ilegales, produciendo daños sociales múltiples y masivos. La guerra se ha librado contra los consumidores, dejando incólume el negocio que se ha convertido en un factor estructural.Por esas razones, la iniciativa Socialista propone reformular la normativa para establecer un marco jurídico acorde a los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional, a fin de, por un lado, combatir el narcotráfico, pero por el otro, adoptar también una política de salud preventiva, de educación e información disuasivas del consumo, respetuosas de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos del Estado.
Raúl Zaffaroni: Nueva Ley de despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, es lo que opina uno de los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.“En 1977 Julio Maier y yo dijimos que si no hay la afección de un bien jurídico ajeno, por el art.19 de la constitución puede haber delito. Nos putearon, y la corte suprema revocó todo. Lo que sostuve en ese momento no era una cuestión de hecho y prueba: no veía que un topo pudiera ir preso por fumar un porro”. Así abría fuego el juez actual de la corte suprema, que en ese momento estaba en las primeras instancias judiciales y en plena dictadura. Porque aunque el tema parezca novedoso hace 30 años atrás ya se ponía en tela de juicio el tema de la tenencia para consumo personal.Para Zaffaroni la salud es un bien público colectivo, no es un bien jurídico individual, justamente es ahí donde piensa que está el problema del paternalismo de la ley, “si se sigue con el mismo criterio mañana van a reglamentar que en los restoranes al tipo que es gordo no le sirvan ravioles, porque le va a subir el colesterol y se va a poner mal”. Y ante la duda de si el nuevo fallo obliga a los jueces a actuar igual que la corte respondió que lo que tiene la corte “es una voluntad moral no jurídica”, lo que les da a los jueces a actuar según su voluntad.En cuanto a las detenciones manifestó que si bien no se puede requisar a nadie por cualquier cosa, un registro en la calle te lo pueden hacer y también te pueden llevar a la comisaría por averiguación de antecedentes, el consumidor sigue siendo sospechoso de cometer un delito hasta que el estado compruebe lo contrario. “Si lleva un porro encima no tiene que demostrar nada. No hay afección del bien jurídico. Ahora si lo que llevas es medio kilo, si. Tampoco hay una presunción, lo que pasa es lo siguiente: si alguien lleva medio kilo genera un riesgo de distribución”. Aunque también dejó en claro que no se puede iniciar una causa si no hay una presunción de delito. “Se habla de sospecha, pero la sospecha es subjetiva”.Cuando habló del consumo en la vía pública dijo que la ley lo aprueba siempre y cuando no haya proselitismo. Además el consumo en la vía pública tiene un efecto hay que tener en cuenta, que es la selectividad humana; “si yo soy el pibe que vivo en un barrio de emergencia y tengo que consumir en la vía pública, ¿qué hago? Si vivo en San Isidro, ya cambia. Es una cuestión de status social, de selectividad, tanto en este como en otros hechos”.Y entre otras cosas habló de la necesidad de una reorganización de la policía y, por ende, un FBI propio. “Somos un país vulnerable en muchas cosas. No hay una policía que se ocupe de las cuestiones estratégicas de seguridad de estado, por eso pasan esas cosas como que haya precursores que se están usando para producir los peores venenos”. Y para terminar señalo la importancia de encontrar una solución para el problema del paco que es lo más preocupante ante las falencias del estado ante esta problemática “un consumidor de paco es un enfermo que no lo aceptan en ningún lado, lo que falta es una política de salud”.Propuesta para la nueva ley, según Zaffaroni
¿Cómo regularías las drogas si pudiera hacer una nueva ley de drogas?Yo penaría la tenencia de toxicas en el caso de que por la forma, la cantidad, etc., ponga en peligro el bien jurídico ajeno. Diferenciaría por sustancia, si no metemos en la misma bolsa. El paco y la marihuana son tóxicos, pero son cosas totalmente distintas.¿Cómo diferenciaría la persecución del tráfico de cada una?Diferencia de pena. En este momento hay que perseguir al paco. Levantar todas las cocinas. Porque no hay un cartel de paco, es una producción casi artesanal, lo podes hacer en la cocina de tu casa.¿Y con el tráfico de marihuana?En el caso de la marihuana, dejaría penalizado el tráfico masivo. Punto. Aparte el tráfico de marihuana no genera grandes mafias, es un tráfico casi folklórico.¿Cocaína?Me concentraría en controlar los precursores.¿Y cómo crees que deberían encuadrarse a las mulitas, también victimas del narcotráfico, es una futura ley de drogas?Tendrían que establecer una pena privilegiada que permite la condena provisional o "probation".¿Y la tenencia simple?La tenencia simple es atípica, si no genera un riesgo de distribución por la cantidad.¿Quién es Raúl zaffaroni?Su currículum supera las 200 páginas. Allí figuran desde cátedras universitarias y doctorados hasta cargos como el de legislador de la Ciudad de Buenos Aires o vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. En sus primeras épocas de juez de instrucción, en plena dictadura, se atrevía a publicar columnas en la revista Cerdos y Peces sobre cómo escaparse de la cárcel. Años después, como juez de la Cámara Criminal y Correccional, se hizo famoso entre el pueblo penitenciario por quedarse de guardia durante todo el verano junto a un grupo de jueces abolicionistas para permitir, en ausencia de los dinosaurios, las excarcelaciones por uno o dos porros que durante el año se hacían imposibles. Ahora Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es el artífice de la reciente sentencia que despenalizó la tenencia de drogas para consumo personal por unanimidad.
Funcionarios corruptos + Derroche ilimitado en la minería + Desmonte irracional + Revolución transgénica del monocultivo + Negocio de la gaseosa y el agua “mineral” + inoperancia del Organismo Nacional del Agua + Mansedumbre = MUERTE
La sequía de Córdoba no se debe a la falta de lluvia, este es sólo un factor y aunque parezca mentira, es el menos importante. Lo que los medios masivos de las corporaciones ocultan, es lo que trataré de develar.Hay tres factores destacados. En primer lugar a la explotación minera. Desde Salta a Santa Cruz empresas como la Barrick Gold, explotan sin control nuestro recurso minero. Durante toda la década del 90, Gioja siendo Diputado de la Nación, se dedicó a crear leyes que hoy lo benefician aunque no al país. Solamente la mina Veladero consume 90 millones de litros de agua por día. Es agua pura, dulce, potable sin tratamiento, que se desperdicia para tratar y transportar minerales. El agua utilizada, queda contaminada con cianuro y mercurio entre otros venenos. La empresa está exenta de impuestos, no paga retenciones, tampoco el agua porque la toma de pozos y encima, el Estado Nacional debe pagarle por el solo hecho de estar. ¿Nos imaginamos la cantidad de agua que usan desde Salta a Santa Cruz? Ahí va un dato: Córdoba posee ríos subterráneos que se alimentan mayoritariamente de la cordillera catamarqueña, riojana y sanjuanina. Se extraen tantos millones de litros por día, que no llegan a Córdoba por los ríos subterráneos. La mayoría se han secado al igual que los ríos de superficie, alimentados por estos acuíferos. La tierra perdió tal punto su humedad, que parece un terrón sin vida por este efecto de succión desmedida de agua ¿Las leyes de Gioja protegen a las corporaciones de posibles demandas de los consumidores por este efecto de sequía? Las demandas deben presentarse ante el CIADI, organismo creado por las mismas corporaciones. Argumentaron que en el tercer mundo los poderes judiciales no son confiables. Hoy, vemos que no es confiable el CIADI que viola la autonomía jurídica de los pueblos y su derecho a litigar en defensa de la vida.Veamos ahora el segundo factor de importancia. Córdoba es la provincia de Argentina más deforestada: destruyeron el 94% de bosques y montes. Millones de hectáreas de estos bosques sencillamente desaparecieron al ritmo que se cultiva la soja. Estos grandes humedales cumplían la función de drenar al subsuelo millones de litros de agua en cada lluvia. Actuaban como grandes esponjas garantizando que las venas de la tierra estén llenas de su sangre, o sea el agua. Al no existir estos humedales, el agua no es depurada y depositada en el acuífero subterráneo. A esto le agregamos que muchos de los grandes sojeros, extraen agua de perforaciones clandestinas que no son controladas por el Estado, porque muchos funcionarios de primer nivel del gobierno de Córdoba son sojeros; entonces sería, como muchos dicen, “escupir para arriba”. No solo destruyeron los humedales, sino que sacaron la poca agua de corriente o canales subterráneos.El otro factor es la falta de lluvia, que sin dudas se debe a las causas de los puntos uno y dos porque al no haber “filtración” de agua, los vientos aumentan su velocidad y evaporan la poca humedad de la superficie, resecando y quitándole vida a la tierra.El periodista Oscar Dagostino dice: “Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río, pescado el ultimo pez, te darás cuenta de que el dinero no se come”. Alguna vez, ¿Nos pusimos a pensar esto?Sin embargo, nos quieren hacer creer que los culpables de la sequía y la falta de agua somos nosotros, los consumidores más pobres. Las grandes empresas de gaseosas, por cada botella de dos litros producida, gastan 400 litros de agua. ¿Por qué los medios de comunicación no denuncian lo que aquí detallamos? Es por la sencilla razón de que son parte y solo nos muestran una sola cara de la moneda, la que obviamente nos culpa a nosotras y nosotros. La otra queda oculta.Nosotras y nosotros, el pueblo, no somos culpables. En tal caso, podemos hacernos de la culpa de no haber reclamado a las empresas concesionarias de agua la inversión necesaria, solo se dedicaron a levantar y levantar dinero de los contribuyentes y a pedir aumentos de tarifas cuando el bolsillo de las y los trabajadores no aumentaba. ¿Esto no es causa suficiente para accionar ante el CIADI? Años atrás, cuando faltaba la lluvia, los ríos de superficies alimentados del subsuelo cordillerano, tenían agua. La sobre explotación minera condenó a muerte los ríos; las cordilleras son nuestros tanques de agua, si las destruimos padeceremos la sed. ¿Puede esto ser tipificado como crimen de lesa humanidad?¿Y qué podemos hacer ante este panorama presentado? Veamos…Conociendo las causas reales, podremos promover petitorios para salvaguardar la vida por sobre los intereses corporativos. Investigar si las leyes presentadas por los Partidos políticos tradicionales y por integrantes de los mismos, como Gioja, fueron manipuladas ex profeso para su beneficio y en desmedro de la Nación y sus habitantes. Verificar si los acuerdos firmados por Menem ante el CIADI, no atentan contra la libertad jurídica argentina beneficiando el abuso corporativo. Corroborar si la prensa favoreció estos acuerdos silenciando la publicación de los mismos en desmedros del pueblo argentino. Comprobar si los medios de difusión de la Argentina, poseen conexiones o directivos relacionados con estas corporaciones.Contrastar las leyes, a efectos de verificar si las empresas están habilitadas a envenenar el agua o dañar el ambiente. Ninguna ley puede atentar contra el ser humano como hoy sucede.Estos petitorios deberán ser girados a los gobiernos municipales, provinciales, presidencia y cámaras de Diputados como de Senadores.Es sabido que la próxima camada de Diputados, fue financiada en su mayoría por estas corporaciones y por los medios, por lo que no sería extraño que las sigan favoreciendo a cambio de suntuosas ganancias.Es necesario actuar de inmediato. El único fin, deberá ser revertir este abuso y restablecer el equilibrio natural antes que otras provincias padezcan la misma problemáticas.A los capitales golondrina no les interesan las naciones y su gente. Sólo responden ante el estímulo del dinero sin importar si en el proceso de ganarlo, mueren cientos de miles o contaminan otros tantos; como es el caso de las mineras y del mercado agroexportador con millones de toneladas de agrotóxicos vertidos en la tierra. La activa participación desde escuelas, centros vecinales, municipios, cooperadoras, comisiones de fomentos, centros de jubilados y todo organismo u organización política o gubernamental en donde nos podamos expresar, será fundamental para revertir este abuso.Ya no es la tierra quien nos necesita, es la vida. ¿Cuándo comenzamos?
El Senador Nacional y Presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani presentó en la Cámara alta un proyecto para declarar a la telefonía móvil como “servicio público”. Este Proyecto implica para los usuarios que las empresas no puedan aumentar los precios “cómo y cuándo quieran” y para solucionar las quejas, que llevan el puesto número uno en el ranking de reclamos.
