jueves, 24 de noviembre de 2011

Resolución pública del Comité Americano de la IUSY en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica


El Comité Americano de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) reunido entre los días 18 y 20 de noviembre de 2011 en la ciudad de Rio de Janeiro, en el marco del análisis global del sistema educacional en Latinoamérica resuelve:

1. Respaldar las reivindicaciones de los movimientos sociales que están ocurriendo en Latinoamérica, referidos a la defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, que en su pragmatismo coloca el entendimiento de la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo social en nuestros países con aspiraciones progresistas.

2. La IUSY tiene la convicción de que existe una relación indivisible entre el estado y la educación, pues ésta corresponde a un derecho esencial e inalienable donde el estado debe asegurar el libre acceso y la permanencia en el sistema educativo, al servicio del desarrollo de nuestras sociedades y asegurando políticas que reivindiquen el estado de bienestar.

3. Rechazamos aquellos modelos de educación basados en el lucro y en la especulación, y no en la generación y transferencia de conocimiento ya que generan un acentuado desequilibrio en el concepto de igualdad y justicia social.

4. La IUSY manifiesta su compromiso con los beneficios de la libertad y la ampliación de los espacios de igualdad creciente, pues nos enrolan en la bandera de la ética de la solidaridad y fraternidad.

5. Las organizaciones miembros se comprometen en analizar brevemente el sistema educacional en cada uno de sus países a fin de visualizar las problemáticas que el sistema puede arrojar en el mediano o largo plazo, esto último con el objetivo de entregar una visión conjunta del significado real que tiene la educación en nuestras organizaciones progresistas y los cambios radicales que por intermedio de ello puedan aportar a la igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad entre los jóvenes.


Las organizaciones abajo firmantes apoyan la presente resolución:

· Juventudes Liberales – Colombia

· Juventud Radical – Chile

· Juventud Partido por la Democracia – Chile

· Juventud Socialista – Chile

· Juventud Socialista – Uruguay

· Juventud Nuevo Espacio- Uruguay

· Juventud Unión Cívica Radical – Argentina

· Juventud Socialista – Argentina

· Juventud Socialista – España

· Juventud Revolución Democrática – México

· Juventud Izquierda Democrática – Ecuador

· Juventud Partido de los Trabajadores – Brasil

· Juventud Acción Democrática – Venezuela

· Juventud País Solidario – Paraguay


Y otras firmantes.



Nota: Declaración de IUSY por una defensa de la educación pública, gratuita, equitativa, laica y de calidad, proposición presentada por las Juventudes Liberales de Colombia, el PPD y la Juventud Radical de Chile.


miércoles, 23 de noviembre de 2011

Telefonía móvil como Servicio Público

De conformidad con la Constitución Nacional -que prevé en su art. 42º la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos- el legislador bonaerense socialista Carlos Nivio reclama (en coincidencia con la Ley presentada por, el Presidente del Partido Socialista, Giustiniani en el Senado) que la telefonía móvil sea declarada servicio público en nuestra provincia, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y de las Defensorías del Pueblo.

Se debe contar con una legislación transparente y un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información, a efectos de actuar con independencia, ya que cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios.

El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras y la protección de los derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios, constituyen competencias primordiales que deben ser asignadas al Ente Regulador, dado que este no es un árbitro entre dos partes iguales, sino que existe una notoria desigualdad entre los dos sujetos -empresas y usuarios- entre los que el Estado debe mediar.

Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste -por ejemplo- en mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad de servicios prestados por los diversos operadores, integrando a los ciudadanos al proceso regulatorio (mecanismo que también prevé la Constitución, en el reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existentes entre usuarios y empresas), asegurando su legitimidad.

Los mecanismo regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un marco legal que provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. La telefonía móvil debe ser un servicio público como lo son los teléfonos fijos.


Otros datos...

En los últimos años el uso de la telefonía móvil ha tenido un crecimiento muy significativo, hasta reemplazando a veces a la telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones (cerca de 93 por cada 100 habitantes). La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio que incluya también la regulación de las tarifas.

Existen datos fundamentales para la regulación de los servicios públicos que son de difícil observación por lo que la legislación debe crear un Ente Regulador y obligar a la empresa prestataria a brindarle toda la información que necesite para un cumplimiento adecuado a sus funciones.

En la Audiencia Pública en que se discutió el proyecto de Giustiniani, una de las conclusiones fue la necesidad de que el Estado intervenga en la regulación de este mercado, al que se calificó de oligopolio, ya que los usuarios son víctimas de abusos constantes de las empresas. Por ejemplo, el minuto prepago cuesta el doble en comparación con el abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menores recursos y los jóvenes.

El Congreso debería dictar también una Ley Orgánica sobre marcos regulatorios que homogenice reglas generales y que ninguno de los marcos específicos pueda desconocer.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Dos proyectos para dar respuesta a la demanda habitacional

Carlos Nivio, Diputado Provincial Socialista, presentó dos iniciativas para aportar a la resolución del problema habitacional de la provincia con transparencia, equidad y continuidad.

Por un lado el Régimen de Asignación de los Recursos Provenientes del Sistema Federal de Vivienda, para garantizar un claro mecanismo de distribución de los fondos a los Municipios, acorde a los niveles de coparticipación de cada uno. Los gobiernos municipales evaluarán sus necesidades habitacionales y elaborarán sus programas de acción en función de ellas y al cupo de recursos asignados. Esta propuesta deberá encuadrarse en la Política de Vivienda delineada por el Gobierno provincial y los Municipios deberán descentralizar a su vez, como mínimo, un 50% de sus fondos a Entidades Intermedias.

Se debe tender al funcionamiento de un sistema de programación y gestión habitacional de carácter abierto, producto de una acción coordinada de los niveles públicos nacionales, provinciales y municipales, así como del sector privado involucrado, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, entre otras. Significará una distribución más equitativa de los recursos y transparencia en su manejo, el ciudadano participará en la gestión de su hábitat, garantizando el control social sobre las adjudicaciones y se asegurará que los programas respondan a necesidades reales posibilitando diseños y tecnologías adecuadas y optimizando el uso de los recursos.

Por otro lado el Régimen de Registro, Orgnaización y Adjudicación de la Demanda Habitacional para la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de contar con un sistema único que brinde información actualizada y articule la demanda canalizada a través de los Municipios, promoviendo programas ajustados a las necesidades y mecanismos claros de adjudicación.

El Estado provincial y los Municipios deben promover la organización de la demanda habitacional, tanto la dispersa como la organizada en Entidades Intermedias, debiendo normarse los criterios y procedimientos para la adjudicación de los distintos planes. Siendo la oferta de soluciones que puede aportar el Gobierno provincial muy inferior a la demanda, debemos garantizar mecanismos transparentes de selección que aseguren equidad a todos los solicitantes.

Algunos datos...


El Tercer Seminario Iberoamericano para el Hábitat Popular informaba que, en la Argentina, el déficit habitacional afectaba a más de 3 millones y medio de familias, de las cuales un tercio requería acceder a una vivienda y los dos tercios restantes mejorar su situación habitacional, generando una necesidad de más de 2,5 millones de nuevas unidades.

Más recientemente se informaba que, a pesar que las cifras oficiales del gobierno nacional indicaban haberse contruido 400 mil viviendas en los últimos años, solo en la provincia de Buenos Aires existiría un déficit de 600 mil unidades. Otras fuentes estiman que realmente la necesidad de soluciones habitacionales en nuestro distrito alcanzaría a cerca de 2 millones.

El problerma de la vivienda es, sin duda, una de las insatisfacciones más sentidas por nuestra sociedad.

Si bien desde el Poder Ejecutivo provincial existen experiencias en este sentido, creemos que éstas deben institucionalizarse y garantizar su continuidad, más allá de las distintas administraciones provinciales y adoptando -conjuntamente con los municipios- el rol de facilitador de soluciones habitacionales y no el de proveedor de viviendas.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

La lucha por el derecho al aborto en la construcción de ciudadanía

Por Elsa Schvartzman (*)


Un Estado laico debe tener políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; políticas públicas que defiendan los Derechos Humanos para las mujeres, y por tanto no puede seguir soslayando el derecho al aborto seguro, con el mismo grado de garantías que los demás derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.


La historia de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina tiene décadas, con momentos de diferente reconocimiento, amplitud o encierro en los núcleos más duros de la resistencia feminista. Esto implicó mayor o menor articulación e integración con nuevos actores. Las mujeres en la demanda del aborto legal, unificando voces, salen de una decisión individual de resistir al orden establecido hacia una lucha que las constituye como sujeto de derechos, con posibilidad de exigencia.

Con la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se ha dado fuerza y visibilidad al trabajo histórico contra la opresión que se viene realizando con las distintas acciones de cada sector involucrado. Esta articulación, también desde la pertenencia, ha logrado posicionarnos en el debate público como interlocutoras válidas y dialogar con los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con los movimientos sociales, los partidos políticos, los efectores de salud, las universidades. Fue convirtiéndose en un actor social cada vez más convocado y reconocido. Insoslayable en la toma de posición, en la recuperación de la historia y conquista de nuevos derechos y en la exigencia del cumplimiento de los abortos considerados legales por la normativa existente.

En 2005 en la declaración inaugural dijimos: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”. Desde entonces, hace seis años, es asumida y sostenida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones de todo el país y numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, movimientos sociales, de derechos humanos, académicos y científicos, estudiantiles, campesinos y de educación, trabajadores y desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas. Articula acciones comprometidas en la defensa de la integralidad de los derechos humanos, y el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y legalizar el aborto. Nos apoyamos en la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos de todas las personas, sólo garantizados por el acceso universal a los servicios públicos que los sostienen.

Nuestro lema –así como nuestro trabajo de años– es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones legales y en los sistemas de educación, salud y también, por supuesto, profundos cambios culturales. No aceptamos más la hipocresía del ocultamiento fundamentado en una supuesta inmadurez que invalida la posibilidad de lucha, apropiación y cumplimiento de nuestros derechos. Un logro que ya contabilizamos es el reconocimiento de que “la sociedad está madura”: el derecho al aborto es un tema de debate.

En el documento fundante se establece la defensa del derecho al aborto como una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. Esto exige el mismo grado de garantías del Estado para que se efectivice el derecho al aborto en simultaneidad con los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

También requiere la plena vigencia de un Estado laico que no imponga reglas desde una teología moral, y que ejecute políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; que descansa en la soberanía popular y no en un poder emanado de creencias religiosas, que legisla en nombre de dios y de lo supuestamente sagrado.

En 2007 sintetizamos y expusimos nuestros argumentos en un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo donde se establece principalmente la despenalización y legalización del aborto voluntario, es decir por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y fuera de este plazo en casos de violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves (ver http://www.abortolegal.com.ar).

Construimos un fuerte apoyo en un sector de la sociedad y de parte de amplios movimientos sociales y políticos, así mismo en el tratamiento público en algunos medios de comunicación y la adhesión de referentes del arte y la cultura.

En abril de 2010 fue presentado por tercera vez en la Cámara de Diputados ahora con 50 firmas de todos los bloques. El 30 de noviembre por primera vez se convoca a una audiencia desde una comisión, la de Asuntos Penales presidida por el diputado Vega. Fue invitada Marianne Mollman de Human Rights Watch. El 13 de julio participa en una nueva jornada Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Como Campaña, seguimos luchando para lograr el debate y aprobación en el Congreso Nacional de nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva.


* Socióloga. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nota escrita para “La Vanguardia” del mes de Agosto de 2011, periódico fundado por Juan B. Justo en 1892. Órgano oficial del Partido Socialista.

jueves, 27 de octubre de 2011

La Justicia llegó para el "Ángel"

Después de 22 meses de debate, llegó el día de la condena en Comodoro Py donde el Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo a prisión perpetua en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El Ángel, como lo apodaban a Astiz, no va a poder andar más suelto por las calles de nuestro país, hecho que nos llena de orgullo, como al igual que sus 11 compañeros que torturaron a 5 mil personas en aquel centro clandestino, de las cuales solo 100 salieron con vida. Así funcionó la maquinaria criminal del terrorismo de estado.

Astiz era el Teniente de Fragata durante la última dictadura y era uno de los que manejaba el centro de torturas de la ESMA, pero todo no se queda ahí. Un 8 de Diciembre, el “Ángel de la muerte” disfrazado de cordero, fingiendo que tenía un hermano desaparecido e infiltrado con el nombre de Gustavo Niño, tomó el camino de Judas y marcó con un beso a la monja francesa Alice Domon para que la secuestraran junto a 7 personas más. Entre ellas estaba Azucena Villaflor, la madre que supo parir a todas las Madres de Plaza de Mayo. En el colmo del cinismo, los militares dijeron que se las llevaban por un tema de drogas.

La justicia ya le había llegado en París, donde los franceses no olvidaron y lo juzgaron con posterior condena a cadena perpetua, a pesar de su cobarde ausencia en los juzgados. En Suecia también pasó lo mismo. Las madres, por el contrario, se convirtieron en una bandera ética para el mundo civilizado porque jamás intentaron ejercer la justicia por mano propia. Solo pedían juicio, castigo y condena a los culpables. No querían impunidad. Y finalmente, después de mucho batallar, ayer lo lograron.

Este miércoles 26 es un día más para recordar, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a Astiz y otros 11 genocidas a penas de prisión perpetua. Se hace imprescindible levantar las banderas de los DDHH, contra los crímenes de lesa humanidad, para que podamos escribir en la historia que “Nunca Más” queremos el terrorismo de Estado. Este miércoles pasado Astiz, cruzado por una mueca sobradora, tuvo tiempo para una provocación final: se colocó una escarapela argentina en su solapa. Nada podrá limpiar su conciencia sucia. Nada podrá dañar la emoción de haber derrotado a la impunidad. El ángel de la muerte irá a la cárcel para toda la vida. Y como dice esa famosa canción de León Gieco “todo está guardado en la memoria”.

miércoles, 26 de octubre de 2011

El Partido Socialista bonaerense renueva su conducción

El Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires tendrá una nueva conducción a partir de octubre. El Diputado Nacional Ricardo Cuccovillo, que logró renovar su banca en las elecciones del domingo 23 de octubre, asumirá como Secretario General del partido.

Tras los comicios generales del 23/10, el Socialismo de la Provincia de Buenos Aires avanza en la consolidación de la unidad partidaria al consagrar una sola lista de autoridades provinciales.

La nómina la encabeza Ricardo Cuccovillo como Secretario General y la integran, entre otros, Francisco Morea, candidato a vice Gobernador del Frente Amplio Progresista y el actual Diputado Provincial Carlos Nivio, apoyada por los diputados provinciales electos Ricardo Vago y Alfredo Lazzaretti.

Esta nueva Junta Ejecutiva tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del Partido Socialista de la Provincia en la etapa de consolidación y crecimiento del Frente Amplio Progresista.

Con la ratificación de la Diputación Nacional y la incorporación de bancas provinciales y concejalías en toda la Provincia, la nueva conducción del Socialismo tendrá como principal objetivo reafirmar su expansión para impulsar el crecimiento en Buenos Aires del Frente Amplio Progresista, acompañando a su mayor referente: Hermes Binner.

Integrantes al Consejo Federal

Titular: Aldo Arrighi
Suplente: Liliana Simon

Junta Provincial

Ricardo Cuccovillo, Secretario General
Francisco Morea
Aida Frias
Martín Morichetti
Carlos Lopez
David Mongay
Roberto Simiand
Diego Aldacour
Adrian Giudici
Gabriela Troiano
Adriana Kreiman
Manuel G. Blanco
Carlos Nivio
Karina Himm
Silvio Vallejos


Suplentes:

Lorena Britos
German Svagelj
Eliseo Lafuente
Marta Lozano
Tania May
Alejandra Pignataro
Francisco Montanelli
Oscar Parisse

viernes, 14 de octubre de 2011

Primero liquidan mal y después le cobran ganancias

Comunicado de Prensa

Giustiniani reclama que no se aplique el impuesto a las ganancias en juicios por ajustes previsionales

El senador socialista Rubén Giustiniani sostuvo que el gobierno “maltrata” a los jubilados “primero les hace mal la liquidación y cuando le devuelven el dinero, le aplican de manera indebida, el impuesto a las ganancias”.

Giustiniani presentó en la Cámara alta una iniciativa donde solicita que la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES) deje de aplicar la deducción del impuesto a las ganancias sobre el saldo retroactivo determinado por sentencia judicial en los casos de reajustes de haberes previsionales.

En nuestro país los jubilados deben iniciar acciones judiciales para solicitar el reajuste de sus haberes previsionales por la mala liquidación que el estado hace sobre ellos, y que esas demandas perduran muchos años, hasta que finalmente el Poder Judicial le ordena a la ANSES corregir esa liquidación y pagarle a los beneficiarios la sumas retroactivas que surgen de tal diferencia.

Para Giustiniani “a este verdadero maltrato”, se le agrega el descuento por aplicación del impuesto a las ganancias que la ANSES le hace a las sumas retroactivas liquidadas, privando así a los beneficiarios de la total percepción de su crédito, “por lo que deben volver a iniciar acciones judiciales para reclamar por ese descuento indebido”.

Frente a esos reclamos la Cámara Federal de la Seguridad Social, en distintos fallos, entre ellos “Castiñeira, Darma E v. Anses s/ejecución previsional”, “Mediano Miguel v. Anses s/ejecución previsional,” y “Rios, Florinda v. Anses s/ejecución previsional”: hizo lugar a las acciones interpuestas por los beneficiarios, y entendió que las retroactividades producto de las sentencias judiciales, en los casos de reajustes están exentas del pago de impuestos a las ganancias.

El fundamento principal de dichas sentencias radica en que lo percibido por los jubilados no era una ganancia sino un retorno social que por su naturaleza no podía constituir nunca un hecho imponible, ni estar sujeto a gravamen alguno, sin colocar en riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.