
Giustiniani dijo que “La creciente cantidad de líneas de celulares —alrededor de 45 millones contra 8 millones de líneas fijas — hace necesaria la creación de un marco regulatorio y de un Ente Regulador que permite dotar a los usuarios de mayores derechos y garantías, y así dar respuesta a los incesantes reclamos vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servido como a problemas de facturación”. Y termina agregando “avanzaríamos en la fijación de tarifas razonables, ya que actualmente las empresas prestadoras poseen libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora de establecer tarifas”.
El Proyecto…
El Proyecto de Ley fue presentado por Giustiniani en una de las últimas sesiones del Senado de la Nación de este año. El proyecto se basa en la creciente demanda de líneas de teléfonos celulares, que según el informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) hay entre 35 y 37 millones de líneas de celulares en efectivo funcionamiento. Ósea, que sí se estima estas cifras, estaríamos alrededor de 93 celulares cada 100 habitantes. Entonces este tipo de tecnología ha dejado de ser un bien de lujo, y ahora es usado en forma genérica independientemente del ingreso del nivel de ingreso de las y los usuarios.
Con estos datos se demuestra la masividad que ha alcanzado este servicio, y hace necesario la creación de un marco regulatorio que no solo regule las tarifas, sino que dote a las y los usuarios de mayores derechos y garantías que den respuesta a sus reclamos. Hoy en día, sin la existencia de un marco regulatorio deja a las empresas de la telefonía móvil una libertad de maniobras a la hora de establecer las tarifas, sin que el Estado pueda intervenir en los precios y calidad de servicio.
Este Marco Regulatorio no solo se basa en este “sentido común” de precios y calidad de servicio para las y los usuarios, sino que también en el artículo 42 de la Constitución Nacional en donde se prevé la existencia de marcos regulatorios sancionados por el Congreso de la Nación. Estos son una herramienta fundamental para el Estado para fijar deberes, derechos y obligaciones para las empresas que presten servicios públicos. Estas definiciones claras y concisas de las reglas de juego elaboradas con amplia mayoría de los poderes públicos y de la ciudadanía, aprobadas por el Congreso de la Nación, constituyen una necesidad fundamental para la experiencia de nuestro país.
El control lo tiene que realizar, en conjunto al Estado, un Ente Regulador que vigile el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras del servicio y, que a su vez, proteja los derechos de las y los usuarios. Pero la función de este Organismo no debe quedar solamente ahí, sino que también debe ser árbitro entre las dos partes (usuarios y empresa), ya que hoy en día hay una notoria y avanzada desigualdad entre ambas partes: las empresas cuentan con información, recursos técnicos, materiales, económicos y, por sobre todo, de una organización que les permite un acceso directo a las instancias de decisión. Del otro lado, están las y los usuarios que forman un mundo heterogéneo y disperso, con menores posibilidades de encontrar la información y bajo condiciones contractuales desconocidas. Es por eso que el diseño institucional tiene que estar creado para defender al usuario y brindar información concreta, al Estado y la sociedad, y fehaciente acerca del comportamiento de las empresas y los instrumentos legales-fiscales para que se regule de manera efectiva los compromisos asumidos.
El boceto de este Ente Regulador debe estar creado bajo la base de la independencia política, empresarial y legitimidad democrática; a su vez con la debida preparación técnica para seguir adelante.
Estamos convencidos que un Ente Regulador elevaría la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones ya que la misma Constitución Nacional da la posibilidad de que las y los usuarios integren, participen y sean representados en los entes reguladores. Por otro lado, la información brindada por este organismo hará que las y los usuarios estén diariamente informados de los distintos acontecimientos.
El Proyecto de Ley presentado por Rubén Giustiniani prevé la participación directa de las y los ciudadanos mediante las Audiencias Públicas las cuales terminan siendo un mecanismo fundamental para la toma de decisiones en las políticas públicas en materia de regulación. Sin duda, esto contribuye a mayor y mejor participación entre las y los usuarios y el sector público, y por otro lado le da legitimación al sistema regulatorio.
En los tiempos de hoy, la mejor manera de resguardar los derechos del consumidor es mediante Organismos como este, los cuales garanticen un mayor control del mercado para que no siga avanzando a niveles irreales de lo que da el “bolsillo del pueblo”.
Como Socialistas, estamos totalmente convencidos de que el acceso a la información pública, la participación popular en los ámbitos de decisión tienen que ser parte de un nuevo Estado, él cual garantice mayor transparencia, participación, justicia e igualdad.
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