El GLIFOSATO es un herbicida que se usa para la agricultura, en especial, en el cultivo de la soja para evitar que crezcan distintas malezas e hiervas. Aunque, todos los grandes pooles de siembra, grandes, algunos medianos y chicos productores saben el riesgo que corre tanto la población más cercana, la fauna y la flora del lugar, el ambiente, ríos, trabajadores agropecuarios, siguen usándolo para su propio beneficio que es el de ganar cada vez más plata, y sin pensar en las “cosas” que lo rodean.
La ciencia comercial como la empresa Monsanto con sus funcionarios corruptos ha puesto en el medio ambiente plaguicidas para combatir el hambre en el mundo, aunque por lo demostrado actualmente lo único que ocurrió según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) es la aparición de 850 millones de hambrientos con una proyección para el 2015 de 100 millones más y de un mundo contaminado. Demostrando así que el hambre pasa por la distribución total del producto bruto interno, principalmente en la Argentina que tenemos un 30% aproximadamente de las personas pobres sobre un total de 40 millones de habitantes y producimos alimentos para 400 millones de habitantes.
En los últimos tiempos, esta ciencia comercial negoció con la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) y con los políticos de turno de referencia mundial en la década de los 90 para impulsar un paquete tecnológico siendo el principal integrante del Roundup (glifosato formulado); este plaguicida de característica herbicida de amplio espectro. La habilitación de este plaguicida se dio desde las máximas entrañas de las corrupciones ya que el glifosato formulado en 1976, la EPA determinó que este herbicida tenía serios errores y deficiencias en estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios Norteamericanos involucrados en las determinaciones toxicológicas de pesticidas como la Industrial Biotest Laboratorioss (IBT) por el cual el Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso Norteamericano y Sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) confirmó la falsificación y fraudulencias en los resultados de inocuidad del glifosato formulado realizados por IBT, constatando que este plaguicida producía defunciones en ratas y cobayos en diferentes estudios realizados.
En 1991, la EPA denuncia que Craven Laboratorios, empresa que condujo determinaciones para las mayorías de las compañías mundiales que fabrican plaguicidas como el glifosato formulado, por la cual habían falsificados los estudios recurriendo a trucos de laboratorios de registros de los análisis y manipular manualmente el equipamiento científico para que este brindara resultados falsos. En 1992 el dueño de Craven Laboratorios fue sentenciado a 5 años de prisión y una multa de 50 mil dólares, la multa para Craven Laboratorios fue de 15,5 millones de dólares. Además, la Empresa Monsanto fue condenada a pagar una multa multimillonaria por hacer propaganda mentirosa a las y los ciudadanos de los EEUU y Francia, primero fue sentenciado en 1996 por la Oficina de la Represión de los Fraudes de Nueva York de EEUU, mencionando en dicha propaganda que el Roundup inducía a la inocuidad mostrando un producto que no representaba peligro para las mujeres y los hombres, los animales y el ambiente. Después fue sentenciado en 2007 por el Tribunal Federal de Francia ya que publicitaba que el Roundup era biodegradable, dejaba el suelo limpio, tenía una alta eficiencia y seguridad para el ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al glifosato formulado como extremadamente tóxico y bioacumulable en la mayoría de los alimentos, agua, aire y en el tejido graso del ser humano.
Pese a todo esto, la Argentina habilitó este paquete tecnológico en 1996 de la mano de Felipe Solá a través del Expediente Nº 167/1996 cuando era Ministro de Agricultura de la Nación sin la realización de estudios complementarios de impacto en la salud y sin respetar el principio precautorio de nuestra Constitución Nacional.
A raíz de todo esto, la Argentina es convertida en un laboratorio de experimentación a gran escala donde se vuelcan por año sobre nuestras cabezas más de 200 millones de litros solamente de glifosato formulado. A pesar que todavía el Estado Argentino no ha realizado ningún estudio serio de impacto ambiental del glifosato formulado; en esta última década ya se comprobó sin ninguna duda daño celular (Apoptosis, CHECKPOINT del DNA, alteración de varios neurotransmisores y alteración de detoxificación mitocondria, etc.) con investigaciones rigurosas realizadas por los principales centros de investigaciones de referencias bibliográfica universales que se encuentran en todo el mundo, que produce este plaguicida a dosis 1500 veces inferiores a lo aconsejado por el SENASA en el marbete en dicho producto químico lo que hace que sea tóxico por más que se tomen las mejores medidas de bioseguridad.
Lamentablemente algunos (casi la mayoría) de nuestros Diputados recién se dieron cuenta después de 14 años de dicha aprobación que el glifosato formulado produce daños irreparables para la salud como mutaciones, varios tipos de cáncer, malformaciones, disrupciones endócrinas, infertibilidad, etc. y con varias personas fallecidas según la OMS promoviendo el pasado 11 de agosto una audiencia en el Parlamento Nacional.
Entonces nos preguntamos, ¿Tanta ignorancia hay en seguir discutiendo la inocuidad de este plaguicida o será qué estamos gobernados por genocidas qué priorizan los intereses de algunos pocos por sobre la Salud del resto del pueblo Argentino?
Es por eso que ya algunas instituciones, como el Grupo de Reflexión Rural (GRR) presentó el pasado 15 de Febrero del corriente año una denuncia ante la Fiscalía Nº12 a cargo del Dr. Oscar Ricardo Amirante y en el Juzgado Federal de Comodoro Py en lo Criminal y Correccional Nº8 a cargo del Dr. Jorge Alejandro Urso para que se haga una causa por Lesa Humanidad a aquellos que usan, comercializan, distribuyen y habilitan los plaguicidas, en especial el glifosato formulado en todo el territorio Argentino. Además, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina ha solicitado a la Corte Suprema de la Nación en Abril de este año para que prohíba el glifosato formulado y otro plaguicida organoclorado como el Endosulfán.
A pesar de todo ello, las y los Argentinos seguimos todavía esperando que nuestros funcionarios prioricen la Salud por sobre los negociados que realizan algunos por acción u omisión con las empresas genocidas que imponen estos productos.
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