De conformidad con la Constitución Nacional -que prevé en su art. 42º la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos- el legislador bonaerense socialista Carlos Nivio reclama (en coincidencia con la Ley presentada por, el Presidente del Partido Socialista, Giustiniani en el Senado) que la telefonía móvil sea declarada servicio público en nuestra provincia, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y de las Defensorías del Pueblo.
Se debe contar con una legislación transparente y un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información, a efectos de actuar con independencia, ya que cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios.
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras y la protección de los derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios, constituyen competencias primordiales que deben ser asignadas al Ente Regulador, dado que este no es un árbitro entre dos partes iguales, sino que existe una notoria desigualdad entre los dos sujetos -empresas y usuarios- entre los que el Estado debe mediar.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste -por ejemplo- en mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad de servicios prestados por los diversos operadores, integrando a los ciudadanos al proceso regulatorio (mecanismo que también prevé la Constitución, en el reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existentes entre usuarios y empresas), asegurando su legitimidad.
Los mecanismo regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un marco legal que provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. La telefonía móvil debe ser un servicio público como lo son los teléfonos fijos.
Otros datos...
En los últimos años el uso de la telefonía móvil ha tenido un crecimiento muy significativo, hasta reemplazando a veces a la telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones (cerca de 93 por cada 100 habitantes). La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio que incluya también la regulación de las tarifas.
Existen datos fundamentales para la regulación de los servicios públicos que son de difícil observación por lo que la legislación debe crear un Ente Regulador y obligar a la empresa prestataria a brindarle toda la información que necesite para un cumplimiento adecuado a sus funciones.
En la Audiencia Pública en que se discutió el proyecto de Giustiniani, una de las conclusiones fue la necesidad de que el Estado intervenga en la regulación de este mercado, al que se calificó de oligopolio, ya que los usuarios son víctimas de abusos constantes de las empresas. Por ejemplo, el minuto prepago cuesta el doble en comparación con el abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menores recursos y los jóvenes.
El Congreso debería dictar también una Ley Orgánica sobre marcos regulatorios que homogenice reglas generales y que ninguno de los marcos específicos pueda desconocer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario